La Sindicatura cuestiona el concurso de fibra óptica de la Generalitat

La Sindicatura de Cuentas cuestiona la validez de un contrato de 253 millones de euros con el que la Generalitat dio en 2010 el pistoletazo de salida a la construcción de una red de fibra óptica propia que conectara todos los centros públicos de la Generalitat, conocido como Xarxa Oberta. Tras analizar la documentación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), el síndico da por hecho que no se siguió la tramitación oportuna y, sobre todo, destaca que tras modificar el tamaño de la adjudicación —que pasó de afectar a toda Cataluña a reducirse a Terres de l’Ebre— se tendría que haber vuelto a convocar el concurso. No se queda ahí el informe, que señala que la oferta vencedora “no cumplía los requisitos mínimos de información que establecían los pliegos y, además, había contradicciones con las cláusulas del documento descriptivo y del programa funcional”.

Finalmente, el contrato se lo quedó una unión temporal de empresas formada por Mediapro y Axia y acabaron fichando para dirigir el proyecto de Xarxa Oberta a Jordi Solé, una de las personas que participó en la mesa del diálogo competitivo en la que se decidió cómo se desarrollaría el plan. La Sindicatura considera ese fichaje contrario a la norma de incompatibilidades, contra lo que el CTTI alega que no era alto cargo del Gobierno y, por tanto, quedaba exento.

Xarxa Oberta, que era el embrión de la creación de un operador neutro de telecomunicaciones por parte de la Generalitat, tenía como misión crear una red de fibra óptica pública que inicialmente conectara todos los centros públicos de la Generalitat y que después pudiera servir a otros operadores comerciales.

Era el proyecto estrella del secretario del CTTI, dirigido entonces por el republicano Jordi Bosch (hoy en Mediapro). Era tan ambicioso, ya que pretendía cubrir toda Cataluña con una inversión inicial de 662 millones, que en cuatro meses, cuando la crisis ya había abierto una vía de agua en las finanzas de la Generalitat, se redujo un 90%, limitándolo a Terres de l’Ebre. La inversión requerida se quedó en 68 millones y las otras dos compañías que participaron en el diálogo competitivo junto a Mediapro y Axia —Telefónica y Abertis— decidieron retirarse porque las condiciones habían cambiado. Con esos cambios de planteamiento, la Generalitat, en opinión de la Sindicatura, tendría que haber hecho “una nueva convocatoria pública con unos nuevos requisitos de solvencia y con un plan económico y financiero ajustado al nuevo rango”.