Una sentencia declara ilegal la capilla de la 'vidente' de El Escorial

La licencia que concedió el Ayuntamiento de El Escorial (PP) para construir una capilla en 2012 en la finca donde la vidente Luz Amparo Cuevas decía recibir mensajes de la Virgen es ilegal, porque está edificada en suelo urbanizable de especial protección. Un tribunal de lo contencioso-administrativo ha fallado en contra de la resolución de la Junta de Gobierno Local, que permitió a la Asociación de Seglares Reaparadoras levantar el templo. La tumba de la vidente está adosada a uno de los laterales de la capilla, también con permiso del Consistorio. Fuentes municipales indican que hasta que reciban la sentencia no se van a pronunciar al respecto. La construcción estaba denunciada por diferentes plataformas vecinales.

 En 2012 el Ayuntamiento de El Escorial, gobernado por el PP, otorgó licencia provisional a la Asociación de Seglares Reparadoras, en la que se agrupan los seguidores de la controvertida “vidente” de El Escorial Luz Amparo Cuevas, para edificar una capilla en su honor. Se eligió un promontorio de la finca Prado Nuevo, a la salida del pueblo, en la que crece el fresno en el que tuvieron lugar las supuestas apariciones y mensajes divinos. Miles de fieles, procedentes de España y del extranjero, visitan el lugar, sobre todo los fines de semana.

El Ayuntamiento no tuvo en cuenta que el lugar elegido estaba calificado como suelo no urbanizable de especial protección grado 1. La parcela forma parte, además, de la red de sistemas generales de equipamiento comunitario pertenecientes a la estructura general y orgánica del municipio.

La sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 23 de Madrid, de 23 de febrero pasado, anula la resolución de la junta de gobierno local que autorizó la construcción de la capilla y la posterior prórroga de la licencia en 2013. Los seguidores de Cuevas consiguieron también el permiso de primera ocupación en 2014. La obra estaba presupuestada en más de 100.000 euros.

El juzgado da la razón a los demandantes (varias asociaciones de la zona y Equo) e indica que “solo podrá darse licencia municipal si previamente se ha otorgado la correspondiente calificación urbanística”. Es decir, primero habría que modificar la normativa “para poder considerar que el suelo en cuestión admite el uso que se propone”.

Al mismo tiempo, la resolución judicial explica que las licencias otorgadas por el municipio deben seguir una tramitación, que no puede ser suplida, “como dice el Ayuntamiento, con la existencia de contactos o consultas verbales”. Contra la sentencia se puede interponer recurso de apelación.

El Consistorio todavía no ha recibido el fallo, aseguran fuentes municipales. Y hasta que eso ocurra, “no haremos ninguna declaración”, indicó ayer a EL PAÍS un portavoz municipal. De momento, el destino de la capilla y de la sepultura de la vidente, en la misma finca, son una incógnita.

Tras la polémica licencia, el Ayuntamiento autorizó en octubre de 2014 el “enterramiento singular” de la vidente, a la que su familia había dado sepultura en la finca cuando murió en 2012, sin solicitar ningún permiso. El municipio le abrió entonces un expediente y pidió a la familia y a la propiedad de la parcela que regularizaran la situación. Pero luego se lo permitió. La Asociación de Seglares Reparadoras Amor, Unión y Paz consiguió así dotar a lo que en principio era un simple prado de dos elementos que aumentaron su atractivo como lugar de peregrinación: un templo y la cercanía de Cuevas.

Los seguidores de la vidente pueden escuchar misa o rezar y acercarse al sarcófago de piedra donde se hallan los restos mortales de Cuevas, ubicado al aire libre, rodeado de flores y adosado a la pared de la capilla de madera. A la entrada de la finca pueden hacer sus donaciones o comprar recuerdos.

Juan Carlos Bueno, portavoz la Asociación de Víctimas de las apariciones de El Escorial, que lleva años luchando contra lo que considera una secta, ha presentado la sentencia al juzgado número 3 de San Lorenzo de El Escorial “en el procedimiento penal que se sigue por los mismos hechos”. Bueno recuerda que la Fiscalía de Medio Ambiente y su Asociación han pedido el cierre cautelar de las instalaciones y una fianza de dos millones de euros.