Morín afirma que los abortos eran legales y supervisados por Salud

El ginecólogo Carlos Morín ha defendido este lunes que todos los abortos que practicó en sus clínicas de Barcelona estaban incluidos en los supuestos legales y eran supervisados por el Departamento de Salud de la Generalitat, al que se notificaban mensualmente.

Morín, que afronta cerca de 300 años de cárcel acusado de practicar más de un centenar de abortos ilegales desde 2007, se ha negado hoy a contestar a las preguntas de la fiscal y el resto de partes y sólo ha respondido al interrogatorio de su defensa, a la que ha asegurado que "nunca" llevó a cabo ninguna interrupción del embarazado que no fuera lícita.

El ginecólogo se ha escudado en que todos los casos de interrupción del embarazo que se llevaban a cabo en sus clínicas se notificaban mensualmente al Institut Català de la Salut (ICS), que realizaba "inspecciones periódicas" en los centros cuando lo consideraba oportuno.

Además, ha recalcado que nunca dio indicación alguna a los psiquiatras que trabajaban en sus centros para que falsearan los dictámenes sobre el estado de salud mental de las pacientes que querían abortar, con el fin de que encajaran en los supuestos previstos por la ley.

En la misma línea ha declarado la esposa de Carlos Morín, que administraba una de las clínicas de Barcelona y que ha negado que se falsearan dictámenes psiquiátricos y ecografías de embarazadas a las que, de acuerdo con la ley, no les estaba permitido abortar.

Morín y su esposa, junto a una decena de médicos y trabajadores de sus clínicas, vuelven a ser juzgados ahora en la Audiencia de Barcelona por orden del Tribunal Supremo, que revocó la absolución de los procesados y obligó a repetir el juicio para incluir la declaración, que había sido descartada, de los periodistas de una televisión danesa que entrevistaron al ginecólogo con cámara oculta.

A lo largo de las últimas semanas, han vuelto a desfilar ante el tribunal 82 del centenar de mujeres que según la Fiscalía abortaron ilegalmente en las clínicas de Morín, a las que la Audiencia ha obligado a testificar de nuevo después de que el ministerio público rechazara un acuerdo con las defensas para eximirlas de declarar de nuevo.

Casi tres cuartas partes de las mujeres que han declarado explicaron ante el tribunal que habían abortado porque el feto presentaba malformaciones o temían que así fuera, debido a varios factores de riesgo durante la gestación.

Varias de las testigos prestaron declaración entre lágrimas, por revivir unos momentos que para ellas resultaron traumáticos, y una veintena optaron por no acudir al juicio, pese a que habían recibido la citación en mano de los Mossos d'Esquadra, ante lo que la Fiscalía advirtió que podría solicitar las medidas legales previstas en caso de incomparecencia de testigos.

Otras testigos, entre ellas una menor que declaró acompañada de su madre, se han limitado a asegurar ante el tribunal que no recuerdan nada de lo que sucedió en las clínicas abortistas a las que acudieron.

La acusación particular ejercida por la asociación E-Cristians, además, forzó la declaración de varias mujeres que contaban con distintos dictámenes médicos -de centros públicos y privados- que acreditaban malformaciones en el feto, pese a que la Fiscalía había renunciado a su testimonio.

El testimonio de las mujeres que abortaron en las clínicas de Morín resultó clave para la absolución del ginecólogo, al que la Audiencia de Barcelona exculpó en 2013 al entender que los abortos denunciados por la Fiscalía quedaban amparados por la antigua ley de interrupción voluntaria del embarazado o por la aprobada en 2010.

De esa forma, la Audiencia consideró que los casos llevados a juicio estaban dentro de las 14 semanas de gestación en que se permite la interrupción libre del embarazo o había riesgo de daños físicos o psíquicos para la madre y el feto, sin que se superaran las 22 semanas de plazo máximo