Madrid autoriza a matar a tiros a 2.700 cabras montesas

La Consejería de Medio Ambiente iniciará la caza de cabras montesas con armas de fuego en el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama este año. El plan de gestión de la especie prevé la captura del 68% de la población en cinco años, lo que supone reducir los 4.000 ejemplares actuales a 1.300. Los ecologistas, que reconocen la necesidad de su caza, votaron en contra por “la indefinición del documento” y porque permite que intervengan en el control personas ajenas a la Administración.

La cabra montés se ha reproducido en la sierra madrileña sin ningún control desde que se reintrodujeron 67 ejemplares entre 1989 y 1992 en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Al carecer de depredadores naturales, la población actual se ha disparado a alrededor de 4.000 bóvidos. Un éxito indudable, que ha dado paso a un problema de exceso de individuos en un frágil ecosistema, que está provocando daños en la vegetación y el desplazamiento de otras especies de fauna.

La densidad media es de 43 ejemplares por kilómetro cuadrado, que en algunas zonas llega a 80. En cinco años, el Ejecutivo regional pretende rebajar el número de estos herbívoros a 1.300, lo que supone reducir la densidad media a 16 animales por kilómetro cuadrado. La actuación implica “extraer” (como denomina el plan a las capturas) entre 500 y 700 cabras al año hasta 2020. La mayor parte, el 90%, se cazarán con armas de fuego, y el 10% restante se capturará en vivo y siempre que algún coto u otra institución demande ejemplares.

El Gobierno regional ha presentado esta semana el plan de gestión de la cabra —anunciado el diciembre del año pasado— a los 50 representantes de colectivos e instituciones del Patronato del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. Salió adelante con 35 votos a favor, 2 en contra de Ecologistas en Acción y 13 abstenciones.

El acuerdo sobre la necesidad de permitir la caza con arma de fuego es unánime, también entre los conservacionistas. Otra cuestión es la propuesta de la consejería, a la que los ecologistas ponen reparos. “Tal como está redactado no es un control de población, sino una cacería”, indica Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción. En su opinión, el impacto social de matar a tal cantidad de animales podría ser muy elevado.

La consejería recuerda que el plan corre a cargo de técnicos dependientes del Gobierno regional y de la Junta de Castilla y León, así como de trabajadores de parques nacionales, agentes forestales y medioambientales o personal de empresas especializadas. En el control podrán participar también los Ayuntamientos que están dentro del parque o las sociedades de cazadores locales. “Siempre estarán acompañados por personal de la Administración que organizará la partida”, puntualiza el documento.

Este punto influyó en la abstención de la Federación Madrileña de Montañismo. Paco Cantó, responsable de Medio Natural del organismo, sostiene que el plan es una experiencia piloto que permite participar en la caza a otros colectivos ajenos a la administración. “Y eso se quiere exportar a otros parques nacionales”, indica.

Javier de los Nietos, alcalde socialista de El Boalo, uno de los municipios que también optó por la abstención, añade que la propuesta olvida a otras especies como el lobo, que podrían ayudar a ese control de forma natural.

El plan da carpetazo a la caza con arco de la especie que permitió la consejería en 2013. En estos años solo se abatieron 50 cabras de las 361 previstas.