El otro Rosell

Tres días en prisión, silencio ante el juez, retirada de pasaporte y libertad con cargos por estar imputado en varios delitos: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos públicos y blanqueo de capitales. A cualquier ciudadano con tales credenciales le sería difícil volver a su puesto de trabajo. Y lo que ya sería un sueño es que el presidente de su compañía lo recibiera como al hijo pródigo y con una declaración a favor de su presunción de inocencia. De eso hay precedentes en la crónica negra: lo habitual es que el jefe de la banda reciba al secuaz que no se ha ido de la lengua con los brazos abiertos.

Por eso llama la atención la tarea a favor de la presunción de inocencia que el Gobierno convergente de la Generalitat de Cataluña —no la valenciana de la era Zaplana-Camps-Fabra— ha realizado con Josep Antoni Rosell, hasta el pasado jueves responsable de internacionalización —sin pasaporte—, investigación y desarrollo de Infraestructures.cat, la mayor adjudicataria de obra pública en Cataluña. Él es el otro Rosell. Menos popular que el ex presidente del Barça, pero con un expediente judicial más competitivo. Está imputado por media docena de delitos desde finales del año pasado por el caso Petrum de presunto cobro del 3% en comisiones de obra pública, destinadas a Convergència Democràtica a través de las fundaciones Catdem y Fòrum Barcelona.

Rosell es un maestro en driblar el despido, que sorteó en dos ocasiones en Infraestructuras.cat. Quisieron apartarlo de la empresa pública por dos veces: la primera en 2013, con motivo de su implicación en el proceso que ha puesto patas arriba la privatización estrella de Artur Mas: Aguas Ter-Llobregat. Rosell, que había dado por buena la adjudicación al grupo Acciona en la mesa de contratación, remitió, en cambio, acotaciones críticas al organismo público que debía juzgar si la privatización se ajustaba o no a ley. La segunda ocasión ha sido a finales del pasado año, cuando fue detenido por su imputación en el caso del 3%.

Ni el presidente de Infraestructures. Cat, Joan Lluís Quer, logró forzar la salida de Rosell. Quer se vio obligado a dimitir por esta razón, aunque alegó oficialmente “motivos personales”. Rosell dejó de ser el segundo de Infaestructures.cat, pero se le “degradó” dándole la responsabilidad de internacionalización e investigación y desarrollo. La historia adquirió tintes grotescos cuando al imputado le llegó el reconocimiento y la palmadita en la espalda del jefe. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, proclamó el pasado 17 de febrero en el Parlament la necesidad de respetar la presunción de inocencia de Rosell “hasta que no haya una luz de la justicia que nos obligue a tomar decisiones; porque la justicia ha de hacer su recorrido”. La réplica de Lluís Rabell —de Catalunya Si que es Pot— fue contundente: “Cualquier Gobierno lo apartaría cautelarmente; pero los comportamientos de su Gobierno son más españoles que unas castañuelas: allí los aforan [caso Rita Barberá] y aquí los guardamos en empresas públicas”.

Si Puigdemont no veía a mediados de febrero “la luz de la justicia”, la indignada Esquerra Republicana cayó deslumbrada ante los hechos el pasado jueves y se sacó de encima —a la segunda reunión del nuevo consejo— a semejante funcionario. Hasta entonces, Rosell siempre había contado con el respaldo del consejo de administración de Infraestructures.cat, integrado por responsables de cada departamento de la Generalitat y había sido defendido por dos presidentes en sede parlamentaria: primero Artur Mas y luego Puigdemont.

Además de habilidades contables —caso 3%— y sindicales —para mantener el puesto de trabajo—, Rosell tiene un acreditado máster en puertas giratorias. Entre 1993 y 2003 fue subdirector general de Infraestructuras, bajo las órdenes de Germà Gordó, ex consejero de Justicia y entonces secretario general de Agricultura. Ambos prepararon la licitación del canal Segarra-Garrigues por 1.100 millones de euros. En 2003, Rosell cambió de bando: fue nombrado director de la empresa concesionaria del canal, Aigües Segarra-Garrigues. Desde ahí veló por los intereses de su nuevo empleador e hizo todo lo posible por modificar las condiciones contractuales que él mismo había contribuido a elaborar cuando sudaba la camiseta del sector público. La Generalitat estimó el sobrecoste de la obra en un 81%. La austeridad, que a veces tiene virtudes, congeló la obra. En 2011, Rosell ya había vuelto al sector público como número dos de Infraestructures.cat. ¡Menudo carrerón!

Hay currículos que parecen más propios de los Apeninos campanos o calabreses que encajables en ese modelo holandés con el que algunos émulos de Salvatore Giuliano dicen soñar para Cataluña.