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OPINIÓN

Un error no justifica otro

Una vez más, un asunto relativo a la memoria histórica ha sido objeto de burdo manoseo, de grosero sectarismo, hasta desembocar en escándalo público

Voy a terminar creyendo en los maleficios. Una vez más, un asunto relativo a la memoria histórica —materia delicada y frágil donde las haya, que debería ser manejada siempre con tacto, sutileza y rigor, sobre todo rigor— ha sido objeto de burdo manoseo, de grosero sectarismo, hasta desembocar en escándalo público, para gran satisfacción de quienes consideran esa memoria histórica una zarandaja revanchista e izquierdosa. 

Seguro que adivinan a qué me refiero. El gobierno municipal madrileño que encabeza Manuela Carmena resolvió hacer lo que no habían hecho en su día ni los consistorios del venerado Enrique Tierno Galván ni —promoviendo una ley autonómica, por ejemplo— los ejecutivos de la Comunidad encabezados por ese Joaquín Leguina que hoy da lecciones de democracia y de antitotalitarismo. ¿Y qué era ello? Pues eliminar del callejero y de los espacios públicos de la ciudad nombres y símbolos de carácter franquista. Que, a la altura del año 2016, todavía persisitían en buen número.

Lamentablemente, la tarea de identificar tales nombres y símbolos fue encomendada a personas sin criterio ni cultura suficientes, que metieron en el mismo saco una plaza de Arriba España, una calle de los Caídos de la División Azul o las vías dedicadas a militares golpistas de 1936 (Millán Astray, Moscardó, Varela...) con las calles rotuladas en honor de Josep Pla, de Pedro Muñoz Seca (que, el pobre, no pudo ser franquista porque le asesinaron antes), de Manuel Machado o del compositor Joaquín Turina.

Ante la reacción indignada de la oposición municipal y de buena parte de la opinión que se publica en la Villa y Corte, el ya castigado equipo de la alcaldesa Carmena ha retrocedido de forma atropellada. Y, en su afán de enmienda, va a anular una de las medidas de desfranquización ya ejecutadas y que menos debate deberían suscitar entre demócratas: el derribo del monolito al Alférez Provisional sito en la plaza de Felipe IV. 

Sospecho que a muchos lectores —y a muchos madrileños— esto del Alférez Provisional les debe sonar a arameo. Recordemos, pues, que se trataba de aquellos enrolados voluntarios en el ejército sublevado durante la guerra civil que, poseyendo cierto nivel de estudios, eran promovidos rápidamente al escalón más bajo de la oficialidad y enviados a primera línea (de ahí la expresión alférez provisional, cadáver efectivo) para suplir y preservar a una oficialidad de carrera insuficiente en número. No se trataba, pues, de militares profesionales ni de combatientes de leva forzosa sino, en general, de jóvenes política e ideológicamente identificados con el bando por el que luchaban. 

Tras su victoria, ese bando convertido en régimen erigió al Alférez Provisional en una especie de héroe anónimo de la Cruzada, le dedicó calles y le consagró monumentos hasta fecha tan tardía como 1960 (año de instalación del monolito madrileño). Sobre todo, quince mil antiguos miembros de aquel colectivo se constituyeron en una Hermandad Nacional de Alféreces Provisionales encabezada por el histórico falangista Luis Benítez de Lugo y Ascanio, marqués de la Florida. Durante el tardofranquismo, dicha Hermandad fue una de las piezas clave de la Confederación Nacional de Excombatientes que presidía José Antonio Girón de Velasco y que era la expresión paradigmática del búnker, de la minoría ultrafranquista resuelta a impedir el cambio democrático a cualquier precio. El golpe del 23-F ilustró a la perfección qué quería decir para ellos “a cualquier precio”. 

Explicado todo esto, se diría que sobraban los motivos para hacer lo que la brigada municipal madrileña hizo el pasado 1 de febrero: desmontar el monumento y trasladar sus piezas a un discreto almacén. Pero no: asustados por las críticas ante el lío del callejero, Carmena y los suyos han enviado una carta ¡a la Fundación Nacional Francisco Franco! garantizando la reposición del monolito al Alférez Provisional en su estado y emplazamiento originales, incluída la inscripción “Por Dios y por España”.

Que la Fundación Francisco Franco sea la heredera moral y hasta jurídica de los Alféreces es natural. Que un gobierno municipal democrático y de izquierdas deba darle explicaciones y ofrecerle un desagravio me parece inaudito. Es como si en Francia, cuarenta años después de la caída de Pétain, persistiera —y fuese intocable— un monumento a los miembros de la fascista Milice de Vichy, o de la Légion des Volontaires Français contre le Bolchevisme. Y luego nos insisten en que la Transición fue modélica y ejemplar. 

Joan B. Culla i Clarà es historiador.