Moliner sostiene que lo que hizo Martínez en la depuradora no es ético

El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha comparecido esta mañana después de declarar como testigo en el juicio por el caso de la depuradora de Borriol y ha manifestado que “lo que hizo Francisco Martínez no es ético, por eso tomé la decisión que tomé”. Moliner destituyó al entonces vicepresidente de la Diputación al poco de estallar el caso y asegura que desde entonces no ha hablado con él.

Por lo que se refiere a su testimonio en la cuarta sesión del juicio celebrada hoy, el presidente ha extendido su declaración al asegurar que apartó a Martínez porque no cumplió con las condiciones de ejemplaridad requeridas y porque como servidor público debe trasladar una confianza a los ciudadanos que había perdido.

En cuanto a sus actuaciones al respecto, Moliner ha apuntado que contrastó con el alcalde de Borriol las informaciones que aseguraban que Martínez era propietario de parte de los terrenos en los que la entidad provincial iba a constuir una depuradora. Cuando tuvo confirmación de ese hecho, el mandatario ordenó al alcalde de Borriol que dejara en suspenso los puntos del pleno y así lo hizo Adelino Santamaría, quien tambié está siendo juzgado en la causa.

Tras la suspensión del pleno, Javier Moliner pidió a los técnicos de la Diputación que le informaran de todas las actuaciones en relación a esta instalación y después de estudiarlas ordenó a los técnicos que adecuaran el proyecto y excluyeran la parcela 42, propiedad de la familia de Francisco Martínez.

El propio Moliner no ha querido entrar a valorar si las actuaciones corresponden a un hecho delictivo o no. De la misma manera, ha corroborado que la dimisión del alcalde de Borriol estaba pactada desde el inicio de la legislatura y no está relacionada, por lo tanto, con las condiciones de ejemplaridad pública que sí exigió al entonces vicepresidente.

La parcela 42 adecuada, pero no necesaria

Más allá, de la declaración del resto de testigos en esta cuarta jornada de juicio destacan las aportaciones hechas por los ingenieros de caminos que redactaron los sucesivos proyectos. De sus testimonios se extrae que la parcela 42 era “adecuada” para formar parte del proyecto, pero no “necesaria”. Los técnicos aconsejaron reservar 200 metros cuadrados para construir en una futura ampiación un canal terciario de vertido y 41 metros más para ser utilizados por servidumbres de paso.

Sin embargo, en el convenio de 2013, que no se firmó porque fue excluido del pleno tras estallar el escándalo, se contemplaba la expropiación de toda la parcela 42. Un total de 2700 metros cuadrados con una valoración de más de 18 euros por metro cuadrado, cuyo precio rondaba los 50.000 euros.

Por esta parte, la Fiscalía también cuestiona la valoración del precio de la expropiación. Si bien se trata de un suelo no urbanizable, el ayuntamiento negoció con los propietarios una permuta de estos terrenos por otros en un futuro PAI con posibilidades de desarrollo urbanístico en 2008. Aquel convenio caducó por la renuncia a ejecutar el proyecto por falta de financiación. Pero desde la entidad municipal se mantuvo la cotización en el último convenio, el de 2013, esta vez sin permuta y con el pago de un justiprecio por los terrenos a raíz de los citados 18 euros por metro cuadrado.

Mañana miércoles tiene lugar la quinta sesión del juicio, en la que destaca la declaración como testigo de Enric Nomdedéu, actual vicealcalde de Castellón. La Fiscalía inició la investigación a raíz de la denuncia del propio Nomdedéu y del portavoz de Compromís en el ayuntamiento de Borriol, Silverio Tena.