Puigdemont indigna a las entidades al no cederles pisos

La portavoz Neus Munté explicó que esta cesión de pisos será por ocho años. Los inmuebles están en los 72 municipios de Cataluña con mayor demanda de vivienda social acreditada y se suma a los 1.830 pisos que la Generalitat ya ha recibido de entidades bancarias. Los destinatarios serán principalmente los colectivos en riesgo de exclusión.

Fuentes de la Mesa del Tercer Sector explicaron que durante la reunión con Puigdemont no se informó de esta cesión, en la que el Gobierno llevaba trabajando desde hace tiempo y se enteraron después, cuando Munté lo anunció en rueda de prensa. La portavoz del Gobierno catalán [TEX]reconoció que la política de viviendas para atender la emergencia social era “una colaboración a tres bandas entre la Generalitat, el mundo local y las entidades sociales” pero [/TEX]no aclaró si parte de estos pisos podrían ir a la Mesa, que ya gestiona 170 viviendas a través de la Fundación Hàbitat3. El Tercer Sector en total se encarga de 1.522 pisos sociales.

El único compromiso que la Mesa logró arrancarle a la Generalitat fue el impulso de un nuevo plan de apoyo al tercer sector, una medida sin partida presupuestaria y de corte más filosófico: el reconocimiento de su labor y la búsqueda de líneas de trabajo para lograr nuevas modalidades de concertación de servicios. Parte de la indignación de la Mesa radica en que precisamente el primer punto de este plan es precisamente la solicitud de cesión de más pisos para darles un uso social.

En enero, las entidades presentaron un estudio titulado La contribución del Tercer Sector al alquiler social y que ponía de manifiesto que actualmente hay más de 47.000 pisos vacíos en manos de las entidades bancarias y pedía buscar mecanismos para destinarlos a las familias más vulnerables. El pasado martes, después de la reunión semanal del Govern, la consejera de Gobernación Meritxell Borràs también reveló que la Generalitat tiene 900 viviendas públicas vacías. La Generalitat tiene que hacer un juego de equilibrios entre el mundo local, que también pide los pisos, y las entidades sociales.

Oriol Illa, presidente de la Mesa, aseguró que hay una buena sintonía con el nuevo Gobierno respecto a la lucha contra la pobreza y evitó entrar en el dilema sobre si el plan de choque social pactado por Junts pel Sí y las CUP ha de tirar si se prorrogan los presupuestos. Pero advirtió: “Un país donde las desigualdades sociales aumentan está abocado a que se produzca una fractura social”.