El Ayuntamiento de Barcelona pagará en abril los atrasos salariales

Fin a un largo conflicto laboral en el Ayuntamiento de Barcelona. El consistorio y los sindicatos de la Mesa General de empleados han alcanzado un acuerdo por el pago que se deriva de la sentencia del TSJC que obliga a pagar los atrasos salariales que se acumulan desde 2007 y que corresponden a un 1% de incremento salarial que el consistorio no ha aplicado. Unos atrasos que suman más de 70 millones de euros, provisionados por el consistorio, y que finalmente los 13.000 trabajadores (funcionarios, laborales y empleados de empresas municipales) cobrarán con la nómina de abril. Cada uno de ellos ingresará, en un solo pago, a partir de 3.000 euros en función de su categoría, pluses o antigüedad.

El enfrentamiento se remonta a 2007, cuando el Gobierno central decretó un aumento salarial para los funcionarios que constaba de dos partes: un incremento general del 2% y otro del 1% destinado a completar un complemento específico en las pagas extras. El Ayuntamiento —entonces en manos del socialista Jordi Hereu— consideró que esta segunda parte no afectaba a Barcelona porque, a diferencia de otras Administraciones, la plantilla recibía el 100% de las pagas dobles. Así que limitó la subida de sueldos al 2%. La situación se repitió en 2008 y tras numerosas protestas y una batalla judicial el TSJC condenó en firme al Ayuntamiento a pagarla en enero pasado.

Desde entonces, se ha producido un enfrentamiento basado en rumores: los sindicatos mantenían que el Ayuntamiento, con el nuevo gobierno recién estrenado, les había insinuado que pagaría los atrasos a plazos durante tres años. Incluso habían convocado movilizaciones para la semana que viene, coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress.

El acuerdo fija que el 1% se calculará a partir de la masa salarial (todos los conceptos de la nómina) de forma proporcional a la situación concreta de cada empleado (su categoría, pluses, antigüedad, etc.). Los sindicatos subrayan además que han acordado con el Ayuntamiento la creación de una comisión de seguimiento del pago de los atrasos.

También destacan que la cantidad que finalmente perciba cada empleado, que podría suponer un notable incremento en su declaración de Hacienda, está exenta en un 40% de tributar, porque corresponde a lo que fiscalmente se consideran "salarios irregulares".

Tras ocho años de movilizaciones, tanto desde CC OO como UGT, sus representantes, Rosa Tomás y Eusebi  Mesa han celebrado "la buena voluntad política" del ejecutivo de la alcaldesa Ada Colau.