La reducción de pisos en la Operación Calderón deja en el aire La Peineta y la ampliación de Madrid Río

Calvo expresó ayer su rechazo a un modelo urbanístico, practicado por el Partido Popular (que gobernó entre 1991 y 2015), que carga los costes de infraestructuras contra los beneficios de la edificabilidad. Es decir, a cambio de construir muchos pisos, las promotoras costean además obras públicas que corresponderían al Ayuntamiento. Pro: ahorro de dinero público cuando escasea. Contra: pisos, pisos y más pisos, según la alcaldesa, Manuela Carmena (Ahora Madrid), por encima de las necesidades de la ciudad.

Calvo ya ha vetado este modelo antes: a los promotores de la Operación Chamartín (BBVA y San José) pretende obligarles a reducir la edificabilidad de la ampliación hacia el norte del paseo de la Castellana (hay 17.699 viviendas proyectadas), a cambio de aliviar también las infraestructuras programadas (soterrar las vías del tren, construir cuatro estaciones de metro, ampliar las autovías del nudo norte, etcétera).

A la espera de cómo acaba esa negociación (los promotores amagan con abandonar el proyecto), la principal diferencia con la Operación Calderón es que ésta está ya en marcha y cualquier cambio tendría un fuerte impacto.

La edil socialista Mercedes González aseguró ayer que, ante “la herencia envenenada” del PP, el proyecto “debe ser, cuando menos, replanteado”. Calvo está de acuerdo: hay que reducir la edificabilidad y las cargas urbanísticas. Aún no sabe cómo, añaden fuentes municipales, porque están esperando a que se aclare la situación judicial. Si el Tribunal Superior de Justicia anula el plan urbanístico aprobado por el PP en noviembre de 2014, la operación se replanteará desde cero. Si no, se negociará de todas formas para reducir su edificabilidad.

El plan ahora en vigor (pero paralizado cautelarmente por la justicia) prevé una superficie edificable de 175.365 metros cuadrados, con unas 1.800 viviendas repartidas en dos rascacielos gemelos de 36 pisos y ocho bloques de entre siete y 22 alturas. Los levantaría Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) antes de 2023.

Los ingresos de su venta financiarán la construcción, al otro lado de la ciudad (San Blas-Canillejas), de La Peineta. El entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), firmó en 2009 un convenio con el Atlético para que se mudara del Calderón a un nuevo estadio construido sobre suelo municipal (debía acabarse en 2012, pero no estará hasta junio de 2017 y el Ayuntamiento ya ha admitido que podría retrasarse más).

No salen las cuentas

El club debía costear el nuevo campo, bautizado como La Peineta y valorado en principio en 195 millones de euros. Para ello, firmó un acuerdo con FCC y Mahou (dueña de un terreno junto al Calderón) para construir unos 2.000 pisos en los terrenos junto al río Manzanares. Pero, en noviembre de 2014, FCC avisó de que no salían las cuentas: la caída del precio de la vivienda impedía costear La Peineta con los pisos del Calderón. Si el Ayuntamiento decide rebajar además el número de viviendas, la operación sería inviable en los términos acordados.

FCC y el Atlético declinaron ayer hacer pública su opinión.

El plan urbanístico aprobado en 2014 prevé además enterrar la M-30 entre la calle del Mármol y el nuevo parque de Arganzuela, ampliando así Madrid Río para convertir en zona verde toda la ribera del Manzanares. Ese coste de urbanización asciende a 170 millones de euros, de los que FCC asumiría el 57% y la ciudad el resto. Si el Ayuntamiento asumiera todo el coste o renunciara a soterrar la M-30, aliviaría las cargas urbanísticas para FCC y ésta podría reducir la edificabilidad sin afectar a las obras de La Peineta. Pero perderían los contribuyentes o los vecinos.