La Generalitat abre un expediente informativo a ATLL

Josep Rull asegura que estudiarán el impacto que han tenido las irregularidades en la facturación

Planta de Aguas Ter-Llobregat (ATLL).
Planta de Aguas Ter-Llobregat (ATLL).

El informe sobre Aguas Ter-Llobregat (ATLL) que la Oficina Antifraude ha remitido a Fiscalía ha obligado a la Generalitat a abrir un expediente informativo para esclarecer las irregularidades detectadas por el organismo que fiscaliza la actuación de las administraciones. El consejero de Territorio, Josep Rull, dijo ayer que quiere saber si existen razones para denunciar al consorcio que explota la compañía pública, liderado por Acciona, que creó una empresa a la que supuestamente pagaba por servicios ficticios.

Rull anunció en el Parlament que su consejería intentará esclarecer “el impacto que han tenido” las supuestas irregularidades. Si del análisis interno surgen motivos para que la Generalitat denuncie, Territorio asegura que lo hará. Según el informe, Accioná utilizó dos sociedades filiales para facturar a la concesionaria más de 12 millones de euros por trabajos injustificados. la Oficina Antifraude considera que la creación de esas dos compañías tenía como objetivo esquivar el control administrativo.

A la interpelación a Rull le siguió una moción aprobada con los votos de Junts pel Sí y la CUP, que insta a rescindir la concesión de ATLL si, en el expediente informativo anunciado se confirmaran las irregularidades detectadas. La moción, presentada por la formación anticapitalista, salió adelante tras su renegociación casi en su totalidad. Ádemás del agua, la moción también hace referencia a aspectos de pobreza energética e incluso los peajes de las autopistas que son titularidad de la Generalitat.

Sobre la posible reversión de la privatización de ATLL, que ni una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha permitido aprobar, el texto señala: “Si a la vista de estos hechos [relatados por Antifraude] se determina que existe un incumplimiento del contrato de concesión”, el Parlament insta “a la rescisión” del contrato.

Rull afirmó que el Ejecutivo autonómico mantiene su capacidad para controlar la concesión, así como el servicio público de abastecimiento de agua, pero no aclaró si se revertirá su privatización. Rull se refirió al conflictivo proceso de privatización de ATLL, cuya adjudicación fue anulada judicialmente.

Según el consejero de Territorio y Sostenibilidad, el Gobierno “tiene mucho interés” en comparecer ante la comisión correspondiente del Parlament para dar explicaciones sobre el asunto de ATLL, y así lo hará próximamente. “Tenemos un requerimiento específico y lo estamos trabajando a fondo”, explicó, después de recordar “las circunstancias anómalas y muy duras” en que se produjo la privatización para el gobierno de la Generalitat, porque carecía de recursos financieros suficientes en plena crisis económica y con ingresos reducidos.

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El consejero subrayó que la calidad del servicio de abastecimiento de agua no se ha visto perjudicada, y que no ha habido incremento de tarifas. “En el momento en que la Generalitat detecta” que la operadora adjudicataria realiza determinadas actuaciones irregulares, “lo denuncia y ordena paralizar estas actuaciones”, dijo, defendiendo que la Administración catalana sigue teniendo capacidad “para tomar decisiones como órgano de control”.

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