Rebelión en las aulas contra los guetos

Ante “la mirada impasible” de los diferentes departamentos de Educación, los padres y madres de la escuela pública vitoriana han decidido elevar la voz. Ellos se han situado en primer plano de la reivindicación , pero les acompañan los sindicatos CC.OO, UGT, LAB, ESK, ELA, Ehige y Sarean, además de una veintena de colectivos sociales, incluidos los propios extranjeros, que ven cómo sus hijos se concentran en algunos colegios, en vez de mezclarse en todos los de la red pública y concertada.

Defienden la educación pública “como elemento fundamental para la cohesión social” pero en esa tarea chirría la concentración del alumnado extranjero en la red pública, mientras la concertada se está convirtiendo en un “refugio” que está “dando la espalda a la complejidad social” de Vitoria- Gasteiz. El problema viene de atrás, desde hace más de una década, pero lamentan que se está agudizando y “la gestión del sistema presenta graves déficits”. Los datos que ha recabado el propio departamento de Educación hablan por sí solos.

En cuatro colegios públicos de la ciudad ocho de cada diez alumnos son inmigrantes, en tres estos ocupan más de la mitad de los pupitres y en una veintena rebasan el ratio del 30%. Algunos expertos sitúan en el 20% el máximo para garantizar la integración sin ralentizar el ritmo general del aula. Con estos índices, las familias denuncian que se está fomentando una educación de dos velocidades y un “profundo desequilibrio entre la red pública y la concertada”. Por eso, piden medidas “urgentes” a la consejería que dirige Cristina Uriarte. Critican el agrupamiento del alumnado porque “sienta unas bases “nefastas” de cara a tener una sociedad que viva en la diversidad cultural, además de ser “indeseable” en el terreno académico. Los docentes de estos centros tienen que lidiar con alumnos que tienen necesidades educativas específicas, como aprender el idioma.

En cuatro colegios públicos de la ciudad ocho de cada diez alumnos son inmigrantes

También soportan el hándicap de la escolarización fuera de plazo o los abandonos más o menos frecuentes a mitad de curso, que alteran el normal transcurrir de las clases. Por todo, plantean una batería de medidas entre las que incluyen corregir el reparto de recursos y de financiación pública en función de la “respuesta” que estos den a los retos. “Si no asumen el reto de la diversidad y quieren ser élite, que lo paguen como si fueran privados”, zanja una de las impulsoras del manifiesto en defensa de la escuela pública, Maite Huarte. Entre el resto de cuestiones que piden abordar está desactivar el baremo que premia la baja renta familiar a la hora de la matriculación, eliminar las cuotas o determinados gastos extraescolares que suponen un obstáculo para familias desfavorecidas.

En relación a la plantilla de profesores exigen acabar con la alta interinidad. Sugieren, además, abrir una reflexión sobre el modelo lingüístico que conduce casi inevitablemente a la infancia migrada a clases que no eligen los autóctonos. Las familias se sitúan así en la línea de salida de una carrera que va a continuar. Han llamado a la puerta del Parlamento vasco, el Ararteko o el Ayuntamiento de Vitoria porque no circunscriben el problema al ámbito educativo, sino que lo hacen extensivo al modelo de ciudad. “No es un chaparrón más”, advierten, “está en juego la construcción de una sociedad cohesionada y solidaria”.