Los errores que impidieron detectar el caso de pederastia de los Maristas

Una semana después de que se destaparan los casos de pederastia en el colegio Maristas Sants Les Corts —que ya alcanza a tres exprofesores, un directivo cesado cautelarmente y a un monitor de comedor— la pregunta principal sigue sin resolver: ¿Qué falló en los sistemas escolar y judicial para que no se detectaran los abusos? En los últimos días el centro concertado, el departamento de Enseñanza y la justicia han intercambiado reproches sobre sus respectivas participaciones en los hechos que, a la larga, llevaron a que se invisibilizaran los casos.

El último episodio de estos reproches fue ayer. El colegio concertado por la Orden de los Hermanos Maristas desmintió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre su supuesta negativa a colaborar con la investigación de 2011, cuando una familia le comunicó al centro que su hijo, un exalumno ya mayor de edad, había sido abusado por el aun profesor de gimnasia, el confeso pederasta Joaquín Benítez.

El alto tribunal intentaba salir al paso de las críticas sobre inacción y aclaró el jueves en la tarde que sí se habían investigado la denuncia. El juzgado lo solicitó a los Mossos que, según la nota del TSJC, aseguraron después que “el centro se niega a facilitar cualquier tipo de información”.

El colegio explicó ayer en una nota que el director de entonces, Xavier Giné Arnella, sólo entregó al centro la información de la familia que había presentado la queja, pero no los datos de contacto de Benítez, pues no los tenía. El abogado de algunas de las víctimas, Iván Fernández, asegura que la dirección del colegio no suministró el número de DNI de Benítez ni en su denuncia ni en las investigaciones. El juez archivó la causa después de que la familia decidiera no seguir con la denuncia para preservar la intimidad de su hijo.

Benítez pidió el paro cuatro meses después de dejar a los Maristas, dice un abogado

Aquí surge la primera crítica. El Código Penal fija que para proceder en caso de un delito de abusos sexuales es necesaria la denuncia del agraviado, su representante legal o la intervención del ministerio fiscal (artículo 191). Pese a este redactado, la Fiscalía considera que no puede suplir la voluntad del afectado para ejercer la acusación en el proceso. Sería necesario un cambio legal, apuntan varios expertos, para asegurar actuaciones del ministerio fiscal sin la personación de la víctima.

La Generalitat siempre ha asegurado que nunca tuvo noticia de los abusos. Inicialmente el departamento de Enseñanza dijo que los colegios concertados no tenían que seguir el protocolo marco contra abusos promovido por el Síndic en 2006. Después, sin embargo, cuando el colegio criticó la “ambigüedad” y desconocimiento del texto argumentó que siempre enviaba estos documentos al inicio del curso, junto con las instrucciones a los centros.

La última versión, de 2014, explicaba que había que avisar a los Servicios Territoriales de Enseñanza y a la Inspección Educativa. Ambos textos especificaban la necesidad de comunicar a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), algo que nunca ocurrió. Ni siquiera en el caso del monitor de comedor, un estudiante en prácticas de la Fundación Pere Tarrés. La entidad comunicó en diciembre pasado el caso a la Dirección de Juventud pero no a la DGAIA. Ambas direcciones dependen del mismo departamento.

El Síndic se reunirá el lunes con las Administraciones para evaluar los protocolos. De fondo hay otra crítica. Dichos manuales ven la escuela como un espacio que debe ayudar a prevenir los abusos, no como un escenario de ellos. Fernández también ve sospechoso cómo Benítez obtuvo la prestación de desempleo después de dejar al colegio El letrado dice el confeso pederasta pidió una baja voluntaria —que no le da derecho al paro— y trabajó cuatro meses para una entidad que depende del Obispado de Girona. Después de ese tiempo sí pidió la prestación.