Los barracones de la corrupción

“Es una victoria de la democracia que me reconcilia con el sistema y con las Cortes Valencianas”, señaló ayer la exparlamentaria socialista Ana Noguera, la persona que más sabe de los tejemanejes y corruptelas que durante años se produjeron en la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Sociedad Anónima (Ciegsa).

Entidad creada en el año 2000 con el objetivo de construir 277 colegios por un importe de 1.000 millones de euros. Pero la realidad es que la mitad de los centros educativos no se construyeron y las aulas prefabricadas se convirtieron en permanentes.

La trama del 3% cobró de Ciegsa

M.J.Serra

La trama del 3% vinculada al PP valenciano habría cobrado, presuntamente, comisiones de Ciegsa. Al parecer, 600 contratos de colegios construidos o reformados. También estaban organizadas las empresas que proporcionaban los barracones, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Los concursos de Ciegsa movieron más de 29 millones de euros.

Este curso los escolares de 30 colegios públicos valencianos empezaron las clases en barracones, aunque la Generalitat cifra en más de 200 los centros afectados por problemas de infraestructura. “Nuestra prioridad es acabar con estas construcciones que deberían ser temporales”, señaló el consejero de Educación, Vicent Marzà, que responsabiliza de la situación a Ciegsa. “Mientras se hacía negocio con los barracones, vía Ciegsa, miles de familias y docentes eran engañados con promesas incumplidas sobre nuevas construcciones”, agregó Marzà.

 Opacidad

Noguera, miembro del Consejo Valenciano de Cultura, denunció, sin éxito, durante años la opacidad de la empresa, el sobreprecio de los colegios que construía y la deuda que iba acumulando a largo plazo. En 2005, el Grupo Socialista propuso crear una comisión de investigación que el PP, con mayoría absoluta, rechazó. En esa época, los vencimientos de deuda ya llegaban hasta el 2029, cuando el convenio entre la Generalitat y Ciegsa, por el que entró en funcionamiento la empresa pública, abarcaba hasta 2015.

Pero ayer, tras un tenso debate, las Cortes Valencianas aprobaron, por unanimidad, investigar el sobrecoste de 1.030 millones de euros detectados en Ciegsa. Una sociedad, cuyo consejero delegado, en la etapa de mayor dispendio, era Máximo Caturla, secretario autonómico de Educación, imputado ahora en la Operación Taula, —trama que, presuntamente, amañó contratos a cambio de comisiones ilegales en varias Administraciones valencianas—, al que el juez impuso una fianza de dos millones de euros.

La mano derecha del expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, también imputado en la causa, dimitió en mayo tras difundirse conversaciones grabadas en las que hablaba de comisiones a cambio de contratos públicos.

El portavoz socialista, Manolo Mata, agradeció a los populares que se sumaran a la investigación, pero calificó de “vergonzoso” que lo hicieran por “pura pose y sin hacer la más mínima autocrítica”.