El fiscal jefe valenciano denuncia la falta de medios de los investigadores

El fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Antonio Montabes, ha afirmado este martes en el Parlamento autonómico que los medios tanto materiales como de personal del ministerio público en el territorio resultan "notablemente insuficientes".

Montabes, que ha presentado la memoria anual de la Fiscalía en las Cortes Valencianas, ha pedido una modificación en el funcionamiento del ministerio público que permita crear "equipos especializados en los delitos que suelen dar lugar a procedimientos dilatados en el tiempo, casi siempre relacionados con la corrupción, que estuvieran exentos del despacho diario y pudieran dedicarse en exclusiva" a las causas complejas.

Estos casos no siguen hoy un protocolo y se producen grandes diferencias entre unos procedimientos y otros. En Emarsa, por ejemplo, la causa que ha investigado el saqueo de la depuradora de Valencia y su área metropolitana, el juez, la fiscal y el secretario recibieron refuerzos que permitieron concluir la instrucción en menos de dos años, ha señalado Montabes.

En el otro extremo, el caso Terra Mítica, la causa sobre el parque temático de Benidorm de la que se está a la espera de sentencia, no recibió refuerzo ni para el juez ni para la fiscal, a pesar de que el número de acusados superaba las 30 personas, y la fase de instrucción se demoró durante una década.

"Nos faltan jueces, fiscales, juzgados, forenses, psicólogos, médicos judiciales y mucho personal auxiliar", ha afirmado el máximo responsable del ministerio público en la Comunidad Valenciana, que ha reconocido que no "envidia" a los tres delegados de la Fiscalía Anticorrupción en Valencia por la gran carga de trabajo que soportan.

Montabes ha alertado de que apenas existen medidas de seguridad para evitar que las investigaciones del ministerio público puedan ser espiadas. "Como en cualquier departamento de la Administración de Justicia, los expedientes están sobre las mesas de los fiscales y los funcionarios. Y al acabar la jornada laboral no se guardan en armarios cerrados y están a la vista".

"La única seguridad", ha añadido, "radica en que se cierra la puerta principal con llave corriente. Y, en todo caso, con paso franco para los servicios de limpieza y vigilancia. No hay máquina destructora de papel, y los documentos se depositan en papeleras sin cierres que se retiran por servicios de mantenimiento de los que se ignora su modo de operar, cómo se destruye o quién lo controla".

Al igual que han hecho los jueces decanos en su batería de medidas para mejorar el funcionamiento de los juzgados y especialmente la lucha contra la corrupción, Montabes ha reclamado que la Fiscalía cuente con peritos contables, inspectores de la Agencia Tributaria e interventores para reforzar técnicamente la labor del ministerio público.

El fiscal superior ha pedido al Consell una mejora de las sedes de la Fiscalía, y ha mencionado en concreto las grandes necesidades de las de Gandia, Alcoi y Benalúa. También ha reclamado que un aumento del número de funcionarios.

Las causas contra aforados —miembros del Consell, diputados autonómicos, jueces y fiscales— en el Tribunal Superior valenciano se han multiplicado en los últimos años, pasando de los 31 procedimientos penales incoados en el año 2011 a 70 en el año 2014. La mayoría de ellos, ha explicado Montabes, se dirigieron contra magistrados y representantes del ministerio público.