Los pinchazos telefónicos acreditan el delito de blanqueo del PP de Valencia

Los pinchazos telefónicos autorizados judicialmente acreditan la comisión de un delito de blanqueo en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia, aseguran fuentes de la investigación. La intervención del teléfono de la esposa del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau reveló a la Guardia Civil el supuesto delito cuando los agentes perseguían la trama de cobro de comisiones del 3% desmantelada en la Operación Taula. Los pinchazos apuntan a que el conjunto del Grupo Popular participó en el blanqueo, incluida la exalcaldesa Rita Barberá.

La Fiscalía y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil iban detrás de la esposa del exvicalcalde Alfonso Grau, María José Alcón. La exconcejal de Cultura de Valencia era una de las interlocutoras del ex alto cargo Marcos Benavent en las cintas acumuladas durante años por este, que reflejaban abundantes corruptelas del PP regional. Alcón aparecía hablando con Benavent del amaño de adjudicaciones y el reparto de mordidas.

El juez Víctor Gómez, instructor de la Operación Taula, ordenó intervenir el teléfono de Alcón en la primavera de 2015, cuando faltaban unas semanas para las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Mientras los investigadores indagaban la red de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos, asistieron en directo a lo que identificaron como un sistema ideado en el seno del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia para blanquear dinero en efectivo de origen desconocido. Concejales y asesores debían ingresar mil euros en la cuenta del partido, y el importe les era presuntamente devuelto en metálico. Una acusación que los implicados han negado.

De los pinchazos a Alcón se desprende que la operación de blanqueo de capitales alcanzó al conjunto del Grupo Popular —nueve de los 10 concejales actuales se encuentran imputados por estos hechos—, incluida la entonces alcaldesa Rita Barberá. La exregidora no ha sido llamada a declarar como imputada —investigada según la nueva terminología judicial— porque es senadora y está aforada ante el Tribunal Supremo, mantienen fuentes del caso.

El presunto cabecilla de la trama del 3%, el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus, era extremadamente precavido al usar el teléfono. Rus utilizaba móviles con tarjeta prepago que no estaban a su nombre y que cambiaba continuamente para evitar que fueran intervenidos por la policía. Al menos otra persona de la organización desarticulada por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia hacía lo mismo, lo que les permitía mantener conversaciones seguras, según los indicios de que disponen los investigadores.

Con Alcón sucedió aparentemente lo contrario. A pesar de que EL PAÍS publicó el 24 de abril de 2015 que Benavent había grabado conversaciones comprometedoras vinculadas a una red de cobro de comisiones en las que ella aparecía, la exconcejal siguió manteniendo diálogos por teléfono que revelaban una actividad presuntamente delictiva. En este caso, de blanqueo de capitales.

La primera mitad del año 2015 fue devastadora para el matrimonio de Grau y Alcón. Después de creer que se había librado de ser juzgado en el caso Nóos, la Audiencia de Palma envió el 2 de marzo al vicealcalde al banquillo de los acusados. Dos semanas después, Grau dimitió y vio descartada la posibilidad de repetir como candidato. En abril salió a la luz la implicación de su esposa en la trama del 3% y Barberá la destituyó del puesto de asesora municipal. Alcón también iba a volver a concurrir a los comicios de mayo como número 16 en la candidatura del PP de Valencia. Pero el escándalo generado por las grabaciones de Benavent forzó su salida de la lista electoral.