La Generalitat expedienta al Área Metropolitana por sus pisos vacíos
La Agencia de Vivienda también quiere sancionar promociones inhabitadas del BBVA
El BBVA y el Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial (IMPSOL) han sido expedientados por la Agencia de Vivienda de la Generalitat porque tienen pisos de protección oficial vacíos, explicó ayer la consejera de Gobernación Meritxell Borràs. Se trata de 153 viviendas, el 35% de ellas promovidas por el ente del Área Metropolitana. El anterior Ejecutivo catalán ya había comenzado las diligencias para sancionar a los propietarios de los pisos vacíos, cumpliendo con un artículo de la ley de acompañamiento del Presupuesto de 2014.
Una portavoz de Gobernación explicó que, en el caso de las viviendas promovidas por el IMPSOL, se trata de promociones ubicadas en Rubí (21 pisos), Sant Adrià de Besòs (22) y Sant Feliu de Llobregat (11). El expediente aún se encuentra en periodo de alegaciones.
“El compromiso de movilización de los pisos vacíos es total”, aseguró Borràs en el Parlament, donde fue interpelada por el grupo de Junts pel Sí. El BBVA también tiene un expediente abierto por cuatro bloques en Tarragona, un total de 61 pisos. Se trata de una promoción que había sido impulsada por Caixa Catalunya. La Agencia de la Vivienda de la Generalitat ya impuso una multa de 3.000 euros por cada piso a una promoción de 38 viviendas en Lleida. Los inmuebles eran de Caixa Terrassa, pero ahora están integrados en el banco que preside Francisco González. La entidad ha recurrido la sanción. Si se ratifica la decisión del Gobierno catalán, la multa ascendería a 114.000 euros.
Bassa: “A nadie se le cortará la luz”
La consejera Dolors Bassa se comprometió ayer a que “en esta legislatura no se le cortará a nadie la luz ni el agua” en Cataluña. La nueva titular de la cartera de Trabajo y Servicios Sociales se desmarcó de la gestión de su predecesor Felip Puig frente al fondo contra la pobreza energética, un instrumento que, afirmó, “tuvo deficiencias”.
La Generalitat solo gastó el 22% de los recursos que tenía destinados para pagar los recibos de suministros, ayudando a 3.770 familias. Bassa recordó, en su respuesta a una interpelación del PSC, que el fondo es gestionado desde la consejería de Empresa, pero enfatizó en la unidad de todo el Ejecutivo para ayudar a las familias vulnerables. La pregunta ahora es cómo esta declaración de intenciones, defendida también durante el anterior Gobierno, cristaliza. La consejera aseguró que es necesario "mejorar la comunicación".
En junio de 2014, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad —del que entonces dependía Vivienda— puso en marcha una inspección a 33.000 viviendas de protección oficial construidas en la época de la burbuja inmobiliaria para saber si estaban ocupadas o no. Tras enviar cartas a los promotores, la Generalitat descubrió que al menos 2.000 pisos nunca habían sido habitados. Esa situación llevó al Gobierno catalán a promover un instrumento sancionador, del cual estos tres expedientes son el primer fruto. Gobernación asegura que no son los únicos.
Borràs ratificó el compromiso del Ejecutivo de Carles Puigdemont con la ley antidesahucios aprobada el verano pasado y que surgió de una ILP promovida, entre otros, por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Un pronunciamiento que llega la misma semana en que la agencia de calificación crediticia Moody’s ha asegurado que esta norma puede espantar a los inversores que compran paquetes de hipotecas.
Gobernación mantiene reuniones con la PAH para cerrar el reglamento de la ley. También reivindicó la elaboración de protocolos dirigidos a los bancos y a los ayuntamientos para que puedan aplicar la norma. Borràs aseguró que, invocando la ley antidesahucios, se iniciarán procesos para pedir a los bancos que hagan cesión temporal de viviendas en municipios como Salt o Badalona.
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