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Un juzgado investiga a la cúpula de Plataforma por Catalunya

El magistrado de Reus abre diligencias por un presunto delito de odio por propaganda electoral de 2011

Josep Anglada, exlíder de Plataforma por Cataluña
Josep Anglada, exlíder de Plataforma por Cataluña.

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Alimentar el "discurso del odio" contra los inmigrantes le ha costado una imputación judicial a toda la antigua cúpula del partido xenófobo Plataforma por Catalunya (PXC). El juzgado número 3 de Reus ha hecho pública este viernes la apertura de una investigación contra quienes eran, en el año 2011, miembros del consejo ejecutivo de la controvertida formación política. Deberán responder por un presunto delito de discriminación e incitación al odio, tipificado en el artículo 510 del código penal.

Contraviniendo la tesis del Ministerio Fiscal, que se oponía a la apertura de un expediente penal, el juez instructor Diego Álvarez de Juan ordena diligencias contra los responsables directos de una campaña política que, en las semanas previas a las elecciones municipales de 2011, acusaba directamente a los inmigrantes de parásitos, vagos y aprovechados. El líder por aquel entonces de la formación racista, Josep Anglada, es uno de los 13 imputados por el juez, el mismo que investiga el caso Innova por corrupción sanitaria. El actual presidente del partido, August Armengol, se halla entre los investigados, así como Robert Hernando, el secretario general del partido y acérrimo enemigo de Anglada. También deberán prestar declaración en sede judicial Alberto Jaime Tafalla, Marta Riera, David Parada, Monica Lora, Daniel Ordóñez, Joan Garriga, Miguel Ángel Chiquillo, Eduard Pallerola, Moisès Font e Ignacio Mulleras.

La investigación arranca en Reus a instancias de la asociación islámica Watani. En este municipio, como en tantos otros donde PXC presentaba lista, el partido xenófobo hizo una masiva campaña de buzoneo. Repartía cheques ficticios de 4.000 euros a nombre de una persona de origen norteafricano, en los que se acusaba al Parlament de Cataluña de haber entregado, entre 2009 y 2010, ayudas a los inmigrantes por valor de 4.000 millones de euros. Según los cálculos que manifestaba PXC, a cada catalán le tocaba abonar 600 euros anuales en impuestos para que cada inmigrante pudiera recibir su correspondiente cheque de 4.000 euros. Además de rellenar los pasquines con cifras millonarias, el partido insistía en su lema "los primeros son los de casa” y llamaba a la eliminación de las plazas de los colegios y guarderías de la ciudad reservadas para inmigrantes. Igualmente, se manifestaba que “7 de cada 9 nuevos puestos de trabajo son para los inmigrantes”, un tipo de trabajador que, según PXC, es "mano de obra que genera competencia desleal con perdida de derechos laborales y salarios a la baja”. De la misma manera se afirmaba que “el comercio inmigrante acaba con el tejido comercial”, ya que “los inmigrantes incumplen los horarios, trabajan sin cotizar, exentos de impuestos”.

El juez instructor recoge en su auto que la “libertad de expresión extiende su cobertura al llamado discurso ofensivo o impopular" pero en este caso no existe tal cobertura porqué concurre un "deliberado ánimo de menospreciar y discriminar", según doctrina del Tribunal Constitucional.

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