El fiscal pide medidas cautelares para Rus y tres de sus colaboradores

El fiscal ha pedido medidas cautelares para el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus, los exvicepresidentes de la corporación provincial Juan José Medina y Máximo Caturla y el exalcalde de Genovés Emilio Llopis, detenidos en la investigación del caso Imelsa.

A lo largo de la tarde, el juez magistrado ha acordado además libertad provisional para un técnico de la Diputación de Valencia y para los empresarios que han declarado a lo largo de la tarde: son José Adolfo Vedri, propietario de la firma Engloba, Javier Luján, de Construcciones Luján y dos empresarios más. Tres de ellos tendrán que afrontar el pago de entre 200.000 y 500.000 euros.

Rus y los otros tres políticos eran los últimos de los 24 detenidos a los que el juez ha tomado declaración. Unas declaraciones que se iniciaron este martes y que han continuado este jueves con la del empresario Francisco Javier Luján, presidente de Construcciones Luján, Salvador Deusa, ex jefe de Planificación de la Diputación de Valencia y otros dos empresarios. Estos últimos han salido bajo fianza e imputados. 

Hasta el momento, el titular del juzgado ha decretado la libertad provisional de la mayoría de los detenidos, 14 de ellos previa fianza por responsabilidad civil. Las cargas oscilan entre los 15.000 euros impuestos al ex secretario autonómico de Deportes David Serra y los 500.000 euros al exsuegro del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, también investigado en la causa, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Todos mantienen la condición de investigados (imputados).

El magistrado también ha dejado en libertad a la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, a pesar de que el fiscal pedía prisión provisional. Otros seis empresarios, uno de ellos de Castellón, han comparecido ante el juez, que los ha puesto en libertad.

El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia reanudó la pasada noche la toma de declaración a los detenidos en la Operación Taula, una trama de corrupción organizada en administraciones públicas de la Comunidad Valenciana gobernadas por el PP. Cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

La exconcejal de Cultura de Valencia, María José Alcón, esposa del exvicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, a su vez imputado en caso Nóos, fue la primera en comparecer ante el magistrado. Fue el mismo día de la macrorredada y el juez decretó su libertad en torno a medianoche tras tomarle declaración. Le impuso una fianza de 150.000 euros y queda investigada por presunta prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

Después salieron el exgerente de la Fundació Jaume II El Just, Vicente Burgos, cuya declaración duró poco tiempo, según su propio testimonio, y el ex secretario autonómico de Deportes y exdiputado, David Serra, también procesado en el caso Gürtel.

En la operación Taula se produjeron 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas, entre ellas la empresa pública CIEGSA, fundaciones, entre ellas la Fundación Jaume II, y la sede del Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente.

La investigación se inició a partir de una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia por la gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación. Su director gerente era Marcos Benavent, imputado en la causa, pero que no fue arrestado ayer. El que sí fue detenido es el empresario Mariano López Sancho, exsuegro de Benavent, que esta noche ha sido puesto en libertad.