El ex gerente de la Fundació Jaume II El Just dejó una deuda de 9 millones

El ex gerente de la Fundació Jaume II El Just, Vicente Burgos, dejó este organismo creado por la Generalitat con una deuda de unos nueve millones de euros por su desmesurada gestión. Burgos, que dirigió la fundación desde 2003, fue destituido en el cargo tras una sonora discusión con la consejera de Cultura, Trini Miró, en noviembre de 2007, aunque su salida fue presentada como una dimisión. El PP lo repescó para el equipo de campaña de las pasadas elecciones generales, sin embargo, fuentes del partido aseguran que "ni se presentó".

Ex presidente de Nuevas Generaciones del PP, atrajo a la organización en sus días de estudiante de Derecho a Francisco Camps, Esteban González Pons y Gerardo Camps, con los que conformó el Clan del Agujero, en referencia al nombre del bar al que eran asiduos. En 2003, con la llegada de Francisco Camps a la Generalitat, fue nombrado secretario autonómico de Administraciones, cargo que dejó en unos meses, según la explicación oficial, tras una crisis cardiaca (otras fuentes aseguran que fue "un portazo tras sentirse engañado"). Entonces Camps lo nombró gerente de la Fundación Jaume II El Just, que había permanecido bajo mínimos.

Camps tenía grandes proyectos para el monasterio de La Valldigna, que acabaría figurando en el Estatut tras su reforma como "centro espiritual de los valencianos", y la fundación sería el vehículo para recuperar y divulgar la historia y el patrimonio del monasterio.La Fundació Jaume II El Just se reactivó con un presupuesto de tres millones de euros, que se repartió entre obras de restauración y actividades, pero cuatro años después su deuda "dobla y pasa, y pasa, y pasa todavía" ese capital inicial, según han explicado testimonios conocedores de la situación. Estas mismas fuentes han cuantificado en "unos nueve millones de euros" la deuda generada por una gestión desordenada, ya que Burgos "actuaba como si el dinero no tuviera fondo".

En esos años las actividades de la fundación fueron trepidantes, además de la reconstrucción del cenobio, con la operación de compra y traslado del claustrillo del Palacio del Abad desde Torrelodones, que costó un millón de euros, más otros 100.000 para realizar la réplica con la que fue reemplazado en el palacete madrileño. El organismo realizó costosas exposiciones como El toisón de oro, que ascendió a 1,3 millones, o musicales como Balansiyyá, al que aportó otro millón, así como festivales de teatro, encuentros culturales y zarzuelas que superaron el presupuesto del organismo. Además, Burgos creó la orquesta sinfónica de la Fundación, con 46 músicos, que llevó por diversos circuitos, y llegó a traer a Valencia por Fallas a un centenar de invitados de Nola (Nápoles).

"Burgos no tocaba el suelo y endeudó a la fundación de una forma estelar", refiere un ex trabajador del organismo. El gasto financiero producido por los números rojos agravó la situación. Otra persona del entorno de Burgos considera que "más que una mala gestión, ha habido una megalomanía de programación que le llevó a excederse del presupuesto" y descarta posibles malversaciones de fondos. Personas próximas al ex gerente han explicado que Camps le pidió que convirtiera el monasterio en un motor cultural y que "su gestión estuvo en todo momento avalada por el presidente". "Lo que hay es un desfase presupuestario avalado con créditos promediado a un plazo financiero porque hizo muchas actividades", han precisado. En ese sentido, han señalado que fue víctima de una conspiración porque su trabajo era percibido como "una consejería paralela"

Tras la salida de Burgos de la fundación, la Consejería de Cultura elaboró un plan de saneamiento y la consejera, Trinidad Miró, nombró como nueva gerente a Anabel Trujillo, que hasta entonces ocupaba un cargo de confianza como técnica del departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de Alcoi. Siguiendo las directrices de ese plan, Cultura comunicó a algunos de los acreedores que tenían que rebajar la deuda en un 7% si querían cobrar, tal y como ha manifestado una fuente de las empresas afectadas. "Este es un procedimiento extraño, pero no inhabitual si se cobra inmediatamente; lo malo es que seguimos sin cobrar pese a la rebaja", revela. Hace un mes, el Consell ordenó una transferencia de 2,3 millones a la fundación, que ahora es también la gestora de la celebración del Any Jaume I, que conmemora el 800º aniversario del conquistador. Sin embargo, la página web de la fundación ha dejado de ser accesible y el aparato administrativo ha sido reducido al mínimo.

Por otra parte, el Consell aprobó meses después de la salida de Burgos el proyecto de ley del Monasterio de Santa María de La Valldigna, que convertirá al recinto en sede adicional de las instituciones de la Generalitat y prevé la creación de un patronato adscrito a Cultura, pero presidido por el jefe del Consell, para regular el uso del complejo e impulsarlo como centro de recuperación de la historia de la Comunidad Valenciana.

Este periódico trató ayer de ponerse en contacto con Burgos varias veces sin que descolgara el teléfono. Asimismo, la Consejería de Cultura dio la callada por respuesta.