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El fiscal indaga si Justicia prevaricó al dar el tercer grado a Jordi Ausàs

Justicia concedió el régimen abierto al exconsejero pese a los informes desfavorables de la cárcel de Lleida

La Fiscalía indaga si los responsables de la Dirección General de Prisiones del Departamento de Justicia cometieron un delito de prevaricación al otorgar el tercer grado penitenciario al exconsejero de Gobernación Jordi Ausàs, han explicado a EL PAÍS fuentes judiciales. Ausàs fue condenado a cuatro años de cárcel por contrabando de tabaco. En septiembre del año pasado —solo tres meses después de ingresar en prisión— Justicia le permitió salir los fines de semana. La decisión se adoptó contra el criterio del equipo de tratamiento de la cárcel de Ponent.

El exconsejero Jordi Ausàs, en una imagen de archivo
El exconsejero Jordi Ausàs, en una imagen de archivo

Cuando Justicia otorgó el tercer grado al exconsejero de Esquerra Republicana, el máximo responsable del departamento era el convergente Germà Gordó, mientras que la dirección general de Prisiones la ocupaba Pere Soler. Ambos han sido relevados con el cambio de Gobierno. La Fiscalía cuestiona que Prisiones concediera el régimen de semilibertad a Ausàs pese a que no cumplía los requisitos para ello y, sobre todo, pese a los informes que aconsejaban su clasificación en segundo grado, o sea como un reo ordinario.

El ministerio público centra sus sospechas en el delito de prevaricación, que castiga al funcionario que dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo “a sabiendas de su injusticia”. La prevaricación implica una pena de inhabilitación. El Departamento de Justicia no ha recibido ninguna notificación al respecto y se desmarcó ayer del asunto, al tratarse de una decisión del anterior equipo de gobierno.

Ausàs ingresó en la cárcel de Ponent el 26 de junio del año pasado para cumplir una condena de cuatro años. El que fue consejero de Gobernación en el segundo Gobierno tripartito y exalcalde de La Seu d’Urgell (entre 2003 y 2008) fue condenado a la pena de prisión y al pago de una multa de 195.000 euros por pertenecer a una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco.

El 25 de septiembre, la Dirección General de Prisiones emitió un informe favorable a concederle el tercer grado pese a los informes, en sentido opuesto, que había recibido de Lleida. El fiscal del caso recurrió la decisión y, en noviembre, el juez de vigilancia penitenciaria de Lleida le dio la razón. Tanto el escrito del fiscal como el auto del juez son contundentes en sus manifestaciones y van más allá de la simple corrección de una decisión administrativa. La Fiscalía concluyó que la decisión de Justicia fue tan arbitraria que ve indicios de prevaricación. Entre otras irregularidades, cita que el exconsejero de ERC obtuvo el régimen abierto pese a no haber pagado la multa.

Ausàs, que se declaró inocente en el juicio —pese a las imágenes grabadas por los Mossos, en las que se le veía cargando cajas de tabaco— recurrió la decisión. El pasado lunes, sin embargo, la Audiencia de Lleida revocó definitivamente el tercer grado, por lo que el exconsejero no podrá disfrutar de los beneficios penitenciarios y pasará todos los días de la semana entre rejas.