EL TSJC condena a Barcelona a pagar 60 millones por atrasos salariales

El Ayuntamiento de Barcelona anunció este viernes que acatará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le obliga a pagar los atrasos salariales que su plantilla arrastra desde 2007 y que el Consistorio cifra en un total de 60 millones de euros. El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, explicó en un comunicado que ya tenía consignada una partida para hacer frente a un gasto que la parte demandante, CC OO, eleva a los 90 millones. El fallo es firme y salda uno de los mayores conflictos laborales en el Gobierno local.

Cada uno de los 12.000 empleados municipales recibirá entre 3.000 y 6.000 euros en función de su categoría laboral, según las estimaciones del sindicato. Fuentes de CC OO advirtieron que la suma final puede incrementarse, ya que la organización exigirá que se abone a los trabajadores los intereses.

El enfrentamiento se remonta a 2007, cuando el Gobierno central decretó un aumento salarial para los funcionarios que constaba de dos partes: un incremento general del 2% y otro del 1% destinado a completar un complemento específico en las pagas extras. El Ayuntamiento —entonces en manos del socialista Jordi Hereu— consideró que esta segunda parte no afectaba a Barcelona porque, a diferencia de otras Administraciones, la plantilla recibía el 100% de las pagas dobles. Así que limitó la subida de sueldos al 2%. La situación se repitió en 2008.

La sección sindical de CC OO denunció esta medida porque los presupuestos estatales dictaban que este 1% debía aplicarse a todos los trabajadores públicos, incluso a quienes recibían el 100% de las pagas extras. El TSJC dio la razón en 2013 al sindicato, lo que abrió otro enfrentamiento, esta vez, porque cada uno interpretaba la sentencia de forma diferente.

El Consistorio defendía que el fallo solo le obligaba a abonar el 1% de los salarios de 2007 y 2008 —los años en los que incumplió los presupuestos—, así que en 2014 realizó el ingreso a la plantilla con este criterio. CC OO, en cambio, entendía que los trabajadores debían recuperar todos los atrasos generados desde 2007 hasta la actualidad. Una perspectiva que el tribunal ha validado en este nuevo fallo.

El Consistorio valoró “positivamente” un dictamen “que cierra un conflicto laboral heredado”. Pisarello, admitió que “cumplir la sentencia tendrá un impacto económico importante en las cuentas”, pero recordó que su Administración ya lo tenía previsto y que Barcelona en Comú se había comprometido con los trabajadores antes de las elecciones municipales a zanjar el litigio.

“Resuelto este conflicto, nos hemos de centrar en combatir la precariedad laboral en el Ayuntamiento, que es el principal problema que afecta sobre todo a los trabajadores externos”, afirmó Pisarello, que también es el concejal del área de Trabajo. Añadió que el Gobierno local está “avanzando” en la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública de servicios, para la cual quiere crear un sello de calidad.

Fuentes del sindicato lamentaron que el Consistorio haya gastado recursos en este enfrentamiento hasta agotar todas las instancias. CC OO calificó esta actitud de “irresponsable” y se quejó de que el actual Gobierno local no haya querido “ni recibirlos” cuando se ofrecieron a negociar un pago fraccionado: “Es una Administración solvente que cada año ha tenido un superávit con el que podrían haber abonado estos atrasos a sus trabajadores. Ahora este dinero tendrá que salir de la ciudadanía”.