San Fernando no hace inventario de sus bienes desde hace 23 años

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares no realiza inventario de sus bienes desde 1992. Lo ha destapado un informe de la Cámara de Cuentas, que advierte de que este hecho impide que el municipio conozca el estado real de sus bienes patrimoniales (terrenos, edificios, entre otros), su valoración y los gastos que se derivan de ellos. Los auditores advierten también de que la organización y los procedimientos del Ayuntamiento son “inadecuados” para asegurar un buen funcionamiento. En cuanto a la sociedad Plaza de España, en liquidación, indican que no se han aplicado los controles de las empresas públicas.

La fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (41.226 habitantes) del ejercicio 2013 por parte de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha desvelado deficiencias que afectan a la organización municipal, al control sobre sus bienes patrimoniales, a la contratación o a la empresa Plaza de España, que se encuentra en concurso de acreedores.

Inventario sin actualizar. El informe desvela que el municipio lleva más de 20 años sin actualizar la relación de sus bienes patrimoniales. Esta limitación es de “tal relevancia”, dicen los auditores, que influye en todo el conjunto del balance, porque estas partidas representan el 87% del total del activo en 2013. El equipo de gobierno, capitaneado por Sí se Puede con el apoyo de IU y del PSOE, no ha dado a EL PAÍS su versión.

El último inventario fue aprobado el 15 de junio de 1992, con referencia a diciembre del año anterior. En él figuraban cada uno de los bienes con su correspondiente valoración. El PP, en la oposición, presentó una moción en octubre pasado solicitando la revisión del listado. María Pérez Suárez, portavoz de dicha formación, asegura que en este momento es imposible conocer con qué patrimonio cuenta San Fernando.

En 2004, la Secretaría General del Ayuntamiento puso de manifiesto la necesidad de que se actualizara o se elaborara un nuevo listado debido a que el Plan General de Ordenación Urbana había variado el escenario. Fueron contratados unos consultores externos. Pero “los trabajos no llegaron a buen fin”, concluye el informe de fiscalización. Pérez explica que se abonaron 54.000 euros por el encargo. “Pero el inventario, si existe, no se presentó nunca al pleno”.

Control insuficiente. Los auditores advierten de que es necesario que la Intervención del Ayuntamiento controle la totalidad del sector público local, también a las entidades dependientes, entre ellas la empresa mixta que rehabilita la plaza del pueblo. Algo que no ha ocurrido debido a que el municipio carece de los procedimientos que permitirían conocer a la Intervención los riesgos que pueden influir en su situación económica. Otro de los aspectos que han podido contribuir a que falle la inspección municipal es la circunstancia de que puestos como el de interventor o el de secretario hayan sido cubiertos con carácter accidental, no con habilitados nacionales, en diversos periodos.

Presupuestos prorrogados. En los ejercicios 2012 y 2013 no se aprobaron nuevos presupuestos, así que se prorrogó el que existía. Este hecho provocó que se realizaran 42 modificaciones por importe de 8,6 millones. El documento incide en que el “presupuesto es el principal instrumento de gestión económica y del control interno de la legalidad”.

Fallos en la contratación. Los expedientes de contratación no están suficientemente preparados, de tal forma que no se puede identificar el riesgo que asumen las partes contratantes. “Los pliegos no describen suficientemente los elementos de la prestación ni los derechos ni obligaciones asumidas, ni se realizan los estudios económicos para comprobar que el precio de licitación se adecua al mercado”, añade el informe de la Cámara de Cuentas. Además, la vigencia de los contratos se alarga sin respetar la normativa legal.

Tasas insuficientes. Los servicios que se financian por medio de tasas “son fuertemente deficitarios” y no se recibe información adecuada de los ingresos de los polideportivos. Los auditores piden que se revalúen dichas actividades. También destacan que el Patronato Deportivo Municipal tiene suscritos convenios con clubes deportivos tramitados al margen de la ley. Desde el PP opinan que eran adjudicaciones directas de servicios para evitar sacarlas a licitación pública.