Sin convicciones

El tren de la desconexión de Cataluña avanza veloz contra la unidad de España. Sus pasajeros son una tropa utópica, contradictoria y multicolor, y su carga una amalgama de convicciones independentistas y soberanistas, conservadoras y socializantes. Muchos analistas predicen, y algunos anhelan, un choque de trenes. Pero la unidad de España no es otro tren que avance en dirección contraria. Es una sólida muralla cimentada en siglos de convivencia no siempre fraterna. Tras la muralla de la unidad de España parece que nadie tiene interés en saber cuántos ciudadanos de Cataluña quieren viajar en el tren de la desconexión, y cuántos no. Es sorprendente y preocupante que no se quiera conocer la voluntad de los ciudadanos de Cataluña. Mejor dicho, que se quiera no conocer, que es aún más grave. Los maquinistas de ese tren aceleran contra la muralla, unos deseando derribarla, otros esperando que en el último momento se abran sus puertas. Si no hay otro remedio, el tren irá a parar contra una muralla formada por bloques graníticos de leyes prohibitivas y sancionadoras.

Un bloque granítico es el artículo 155 de la Constitución. Según él, si una Comunidad Autónoma atenta gravemente contra el interés general de España, el Gobierno puede adoptar las medidas necesarias para proteger el mencionado interés general. Ni la Constitución ni las leyes dicen cuáles serían esas enigmáticas medidas. Pero en ningún caso podrá ser el cese del Govern ni la disolución del Parlament, porque no lo prevén la Constitución ni el Estatut. El gobierno, por lo tanto, difícilmente podría hacer mucho más que dar órdenes a las autoridades y funcionarios de Cataluña, y esperar que obedezcan.

Otro bloque granítico es el Código Penal. La fiscalía, ya ha amenazado con acusar por sedición. Es un dislate jurídico que no debería prosperar en un Estado democrático de derecho. El delito de sedición requiere un acto tumultuario, y no hay nada menos tumultuario que una declaración formal y solemne efectuada ordenadamente en el Parlament. Sin embargo, más allá de esta pretensión desafortunada y desproporcionada, hay otras previsiones en el Código Penal que difícilmente podrían eludir los "desconexistas", si siguen arreando su tren contra la muralla. Las máximas autoridades de Cataluña, las intermedias, y los funcionarios, si en el ejercicio de sus cargos adoptan decisiones ilegales movidos por sus convicciones y propósitos secesionistas, pueden incurrir en delitos de desobediencia si desacatan las órdenes del Gobierno central, del Tribunal Constitucional o de otros tribunales, pueden cometer delitos de prevaricación administrativa si adoptan decisiones incompatibles con las leyes vigentes, pueden ser acusados de malversación si emplean caudales públicos en gastos de desconexión, que nunca están previstos en la ley.

Es sorprendente y preocupante que no se quiera conocer la voluntad de los ciudadanos de Cataluña

Los condenados por tales delitos serían delincuentes, pero delincuentes por convicción, según denominación acuñada en los años veinte del siglo pasado. Los delincuentes por convicción son delincuentes sin deshonra. No son como los políticos corruptos. No buscan su ventaja personal. Asumen la transgresión de la legalidad y, en su caso, la correspondiente condena, como sacrificio a favor de lo que consideran un futuro mejor para su grupo humano, su pueblo, su clase, su territorio. Los procesos contra delincuentes por convicción en vez de disuadir, escenifican la confrontación, avivan y multiplican las convicciones criminalizadas, ensalzan a los líderes procesados. Y si hubiera penas de prisión, añadirían el efecto multiplicador del mártir.

Sin embargo, no todo es altruismo en el tren de la desconexión. En el vagón de primera clase viaja Mas acompañado o vigilado por su más próximo grupo de privilegiados. Entre ellos abundan los delincuentes con deshonra, veteranos del ventajismo, nepotismo y acaparamiento, sospechosos de familiaridad con la vieja cleptocracia, habituales de la impunidad casi total desde hace más de treinta años. Nunca podrían llegar a ser honrosos delincuentes por convicción porque carecen de ella. Son advenedizos interesados, no conversos sinceros. Esperan acaparar el protagonismo como líderes perseguidos, vender políticamente a buen precio su fotografía ante el tribunal. Se han colado en el tren de la desconexión porque es su último recurso. Saben que carecen de soporte entre el empresariado y el contexto económico catalán, español y europeo. Políticamente desahuciados, y sin convicciones, solo les queda la resistencia numantina a perder los instrumentos políticos con que continuar ejerciendo sus poderes fácticos, sus negocios. Y para eso necesitan que no haya choque. Preferirán, finalmente, provocar el descarrilamiento, echando la culpa a la tropa utópica y multicolor que les acogió en su viaje.

José María Mena fue fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.