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Acciona calcula en 296 millones la compensación que cobraría por ATLL

El cálculo, que no incluye una posible reclamación por daños y perjuicios, es inferior al de la Generalitat, que previó 326 millones

Lluís Pellicer
El consejero Andreu Mas-Colell.
El consejero Andreu Mas-Colell. ALBERT GARCIA

El grupo constructor y energético Acciona, que lidera el consorcio que se adjudicó la concesión de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), estima que la Generalitat debería abonar una compensación mínima de 295,9 millones de euros en caso de que los tribunales decidieran que debe resolverse el contrato. En una respuesta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Acciona detalla que el contrato suscrito en diciembre de 2012 con la Generalitat contempla su resolución anticipada y los costes que deberá cubrir la Administración catalana. Acciona sostiene que la propia Generalitat respondió a la concesionaria el 5 de julio de 2013 que esa compensación se aplicará en el caso de que “haya de ejecutar resoluciones judiciales que impliquen la resolución o anulación del contrato de concesión”. El cálculo no incluye la cantidad que la concesionaria podría demandar "por gastos adicionales derivados de una terminación anticipada del contrato y por los posibles daños y perjuicios que procedan", lo cual podría elevar todavía más la factura.

En la carta a la CNMV, fechada el pasado 23 de diciembre, Acciona explica que si se anula el contrato la Generalitat deberá cubrir la parte no amortizada del canon total de la concesión, así como las obras, instalaciones e inversiones que haya realizado la empresa y que tampoco estén amortizadas. Además, el Ejecutivo catalán deberá afrontar gastos adicionales que se deriven de la suspensión del contrato. De los 295,9 millones de euros, el grueso procede del canon (281,2 millones), mientras que las inversiones ejecutadas ascienden a 4,4 millones. La sociedad estima que los gastos derivados de esta operación supondrían unos 10,3 millones.

La estimación formulada por Acciona es inferior a la que en su día dio el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, en el Parlament. El hoy titular en funciones de Economía acudió a la cámara catalana, entre otros motivos, para explicar la indemnización que debería afrontar la Generalitat en caso de que el Supremo avalara la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Esta anuló la adjudicación de ATLL al consorcio de Acciona al considerar que el concurso vulneró “los principios de publicidad, concurrencia e igualdad”.

Mas-Colell, que confió en que el proceso judicial “acabará bien” tras haber recurrido el fallo del TSJC, cifró la compensación al consorcio en 326 millones de euros, correspondientes al retorno de los pagos efectuados (300 millones), obras ya realizadas (entre cuatro y cinco millones) e intereses legales, aunque entonces Mas-Colell afirmó que su departamento tiene “bases jurídicas fuertes” para creer que no debería indemnizarse al consorcio liderado por Acciona ni por cánones ni por intereses. “Solo hay un escenario en el que deberíamos pagar mucho: cuando la Generalitat rescindiera el contrato unilaterlamente. No lo haremos”, afirmó entonces el consejero, quien atribuyó el fiasco de ATLL a una guerra entre dos empresas [Acciona y Agbar].

Acciona recuerda en el escrito a la CNMV que presentó un recurso a la sentencia del TSJC y asegura que los asesores jurídicos “no tienen duda” de que este será admitido.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Nacional de EL PAÍS. Antes fue jefe de Economía, corresponsal en Bruselas y redactor en Barcelona. Ha cubierto la crisis inmobiliaria de 2008, las reuniones del BCE y las cumbres del FMI. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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