El Tercer Sector propone un impuesto para favorecer a los más pobres

La Mesa del Tercer Sector Social ha dado con otra iniciativa "viable" para garantizar unos ingresos básicos a las familias en situación de pobreza. Tras la controversia generada en torno a las propuestas de la renta mínima de inserción o la renta mínima garantizada, la plataforma que engloba a 32 agrupaciones sociales de Cataluña ha propuesto este jueves un impuesto de la renta negativo para las familias en riesgo de pobreza. Esta medida pasa por gravar las rentas altas —superiores a 60.000 euros— y redistribuir directamente lo recaudado con este gravamen entre las familias con ingresos más bajos. 

Esto no es una prestación que haya que financiar porque se basa en una recaudación, en un dinero que ya tenemos", dice Oriol Illa, presidente de la Mesa del Tercer Sector.

El Tercer Sector ha apostado por que las rentas más altas mantengan el tipo máximo del IRPF del 56% que se aplicaba en 2014, antes de la rebaja fiscal de este año (en 2015, las rentas altas vieron reducido el nivel marginal más alto del IRPF al 45% en España, el 49% en Cataluña). Como Cataluña tiene cedido el 50% del IRPF, podría aumentar hasta cuatro puntos el tipo marginal para los tramos que superen los 60.000 euros y gravar el 52% a las grandes fortunas. La Mesa calcula que, por cada punto que se incremente el tipo marginal en las rentas altas, aumenta la recaudación adicional en Cataluña en 123 millones de euros.

Las entidades sociales han cuantificado que la recaudación adicional obtenida tras gravar la renta a las 293.331 personas que ganan más de 60.000 euros e igualar la tributación de las rentas de capital a las rentas de trabajo, asciende a 1.700 millones de euros. Este montante se trasvasaría directamente a familias que declaran a la  Agencia Tributaria 12.000 euros o menos al año. La población potencialmente beneficiaria sería de 1.538.300 personas, el 20,9% de catalanes que se encuentra bajo el umbral de la pobreza.

Según la Mesa del Tercer Sector, los 1.700 millones de euros que se podrían llegar a recaudar multiplicaría por cuatro la suma de todas las prestaciones sociales económicas que perciben los catalanes (sin contar subsidios por desempleo y pensiones). "Es una propuesta que puede lograr mucho consenso porque se conseguiría garantizar una renta para un determinado número de personas pero sin desarrollar una prestación nueva. Esto no es una ayuda que haya que financiar porque se basa en una recaudación, en un dinero que ya tenemos", ha indicado Oriol Illa, presidente de la Mesa del Tercer Sector.

La plataforma sostiene que la bajada del IRPF "no significa que acabes con más dinero en el bolsillo" y, con todo, esta medida no implicaría un nuevo impuesto, sino "mantener el esfuerzo que ya se estaba haciendo en 2014". "Ahora mismo nos encontramos con dos problemas: por un lado, el esfuerzo fiscal no ha servido para nada porque no se ha destinado lo recaudado a políticas redistributivos, y por otro lado, la rebaja fiscal de 9.000 millones de euros revertirá en recortes social porque es un dinero que se deja de recaudar", ha apuntado Miguel Ángel Mayo, portavoz del sindicato GHESTA de técnicos de Hacienda en Cataluña y asesor de la medida. Según Mayo, el impuesto de renta negativo (IRN) supone "una redistribución de la riqueza a través del trasvase directo de rentas altas a rentas bajas". "Es un sistema más transparente porque las rentas altas saben que esta recaudación tendrá un beneficio directo e irá a gente con ingresos muy bajos", ha añadido Illa.

Por cada punto que se incremente el tipo marginal en las rentas altas, aumenta la recaudación adicional en Cataluña en 123 millones de euros.

La distribución de lo recaudado con el gravamen adicional a las rentas altas dependería de los ingresos y los familiares a cargo. A menos ingresos y más personas bajo su responsabilidad, más altas serían las subvenciones. Así, una persona sin ingresos y con más de dos descendentes, recibiría unos 7.645 euros, mientras que una persona con 12.000 euros de ingresos y alguien a su cargo se beneficiaría con 660 euros. 

La Mesa del Tercer Sector ha asegurado que la IRN "tendría un impacto directo en el consumo y reduciría la desigualdad y la tasa de pobreza". Además, ha indicado Illa, "no se trataría de una prestación vinculada a la exclusión social, por lo que evitaría la estigmatización del beneficiario que la percibe".