El Plan Andaluz de la Bicicleta, al ralentí

Reducción de dióxido de carbono, salud, turismo, movilidad, empleo, inversiones, protección del medio ambiente... las bondades del uso de la bicicleta están consensuadas, pero avanzan al ralentí. El Plan Andaluz de la Bicicleta (2014-2020), aprobado en enero de 2014 por el Consejo de Gobierno y presupuestado en 421 millones de euros, dispondrá este año de 15 millones para su ejecución por parte de la Junta, una dotación que complica el cumplimiento del acuerdo. El Gobierno andaluz, que está comprometido a aportar el 75% del presupuesto total con fondos europeos (315 millones), apenas ha aprobado el 4,7% para este año. "A este ritmo el plan tardaría en ejecutarse más de 20 años, es decir, mas allá del 2035”, calcula el vicepresidente de la asociación ciclista A contramano, Ricardo Marqués.

Este presupuesto de partida para 2016 se ha reducido a la mitad respecto al previsto para 2015 y es incluso menor que el de 2014. Según fuentes de Fomento, para 2015 se presupuestaron 33 millones y se ejecutaron 18 y para 2014 se previeron 18 y se ejecutaron cinco. No obstante, la Junta confirma el compromiso con el proyecto, puesto en marcha de forma participada por Izquierda Unida en la legislatura anterior, y anticipa que su objetivo es cumplirlo, pero reconoce que el ritmo puede ralentizar su realización definitiva. "Quedan cuatro ejercicios presupuestarios. Todo lo que podemos hacer es mejorar", declara el director general de Infraestructuras de la Consejería de Fomento, Jesús Huertas, que añade que hay que ser "realista" con el escenario económico. "El compromiso de la Junta con el nivel de inversión de los últimos años se va a mantener, pero siempre acorde con la estabilidad presupuestaria que nos marca el obligado cumplimiento del déficit que nos impone el Estado”, añade Huertas.

Este plan, gestado en 2013, contó para su elaboración con el consenso de asociaciones, colectivos, empresas y Ayuntamientos, que ahora reclaman en su mayoría un apoyo al proyecto que se corresponda con el cumplimiento de lo aprobado en el Consejo de Gobierno, que ya incluía la previsión de inversión de 421 millones de euros. "Queda al descubierto el compromiso adquirido, ya se sabía que el plan requeriría esta inversión", apunta Marqués. “La voluntad presupuestaria no cumple con el plan vigente de la Junta, es un abandono a la política sostenible y a su lucha contra el cambio climático”, apunta José Antonio Cebrián, viceconsejero de Fomento en la anterior legislatura (IU) e impulsor del carril bici en Sevilla.

La plataforma Andalucía por la bici envió en noviembre una queja al Defensor del Pueblo Andaluz que ha sido admitida a trámite en la que pide un presupuesto digno para el plan y ha abierto en la plataforma de solicitud de firmas change.org una petición dirigida a los grupos parlamentarios del PSOE y Ciudadanos para que aprueben las enmiendas presentadas por los demás grupos relativas a aumentar la dotación del plan. "Ya no es que se trate de un compromiso, es que se debe de cumplir con la planificación", apunta Cebrián, que indica que una de las principales reivindicaciones de Conbici (la Coordinadora en defensa de la bici en España) es que se elabore en el ámbito estatal un plan como el andaluz. 

Podría ser que pudiéramos adquirir más recursos con el plan PISTA" Jesús Huertas, director general de Infraestructuras de la Consejería de Fomento

Según se aprobó en el plan, el 25% de la financiación dependería de los Ayuntamientos y el 75% de la Junta a través de los fondos Feder. Huertas asegura que el presupuesto para 2016 incluye el cumplimiento con todos los convenios firmados con los Ayuntamientos. "Hay buen entendimiento con las ciudades, incluso estamos intentando cerrar convenios con las que todavía no lo han firmado", apunta el director, que contempla ampliar el presupuesto para el plan mediante una revisión del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte (PISTA). "Podría ser que pudiéramos adquirir más recursos", avanza. 

Otra de las reivindicaciones planteadas por los impulsores del plan y reflejadas en la queja al Defensor del Pueblo es el incumplimiento del aspecto democrático y de participación del texto. "Llevamos pidiendo que la consejería convoque a la comisión desde septiembre y no hemos tenido respuesta. Las personas de la plataforma ya hemos acordado reunirnos en enero para estudiar la situación de forma independiente", apunta Marqués. "No se había celebrado. Ahora anuncio que vamos a llamar a la comisión para enero. La interlocución se va a mantener", avanza Huertas antes de comunicárselo a la comisión.

Según el estudio recogido en el plan, cuando el proyecto esté finalizado, los beneficios asociados repondrán la inversión ejecutada en solo un año, con un ahorro anual de 413 millones en gasto sanitario y en transporte, gracias a la disminución del consumo energético y de emisiones contaminantes y por reducción del absentismo. "Este instrumento supondrá la creación de más de 15.000 puestos de trabajo, de los que 7.792 están relacionados con la construcción y mantenimiento de las vías, y el resto con la actividad asociada en el sector turístico, la fabricación y la reparación de bicicletas, así como el comercio y los servicios vinculados", se lee en el resumen del plan.