El Ayuntamiento embarga a la Comunidad para cobrar una deuda

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Manuela Carmena (Ahora Madrid), tiene embargada a la Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes (Partido Popular), una serie de inmuebles por valor de 26,5 millones de euros a consecuencia de la deuda que el Gobierno regional mantiene con la ciudad, que el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha cifrado esta mañana en 171,5 millones de euros.

Según Sánchez Mato, la deuda de otras Administraciones públicas con el Ayuntamiento de Madrid asciende a 226 millones de euros, de los que 171,5 corresponden al Gobierno regional. La mayor parte se debe a la tasa por traslado y depósito de vehículos, que se empezó a cobrar a la Comunidad de Madrid en 2008. Esa decisión fue anulada por el Tribunal Supremo en 2012, pero el fallo no afectó a las cantidades devengadas durante los cuatro años en vigor (120 millones), según la interpretación de la Agencia Tributaria municipal.

La consejera regional de Hacienda, Engracia Hidalgo, acusó a Sánchez Mato de “faltar a la verdad a sabiendas” cuando, a finales de noviembre, recordó en el pleno municipal la deuda pendiente de la Comunidad. Según Hidalgo, de esos 171,5 millones, “más de 140 millones se corresponden a reclamaciones fuera de la legalidad, como ya ha sido reconocido en algunos casos por la Justicia”; el resto habría prescrito ya o estará aplazado su pago.

Sánchez Mato ha recordado esta mañana que la anterior alcaldesa, Ana Botella (Partido Popular), ya exigió a la Comunidad el pago de esta deuda, alejando así la posibilidad de que la reclamación responda a motivos políticos. El concejal de Hacienda ha informado de que se ha procedido al embargo de bienes patrimoniales por valor de 14 millones de euros en edificios del Gobierno regional y de 12,5 millones en pisos del Instituto regional de la Vivienda (IVIMA).

Este proceso de embargo fue ejecutado con aval judicial por el gobierno de Ana Botella. “Nos gustaría que se restablecieran los canales que existían para no recurrir a actuaciones coercitivas”, ha explicado Sánchez Mato. En ese sentido, el concejal Julio Ransés Pérez Boga (Partido Socialista) ha abogado por la “vía elegante de embargar la participación de la Comunidad en los tributos del Estado”, y no por “privar de inmuebles” al Gobierno regional. Sin embargo, el concejal de Hacienda ha avanzado que seguirá recurriendo a embargos ante la "sordera" del Gobierno regional, que "ha respondido a la mano tendida con mordiscos".