La Fiscalía investiga si la Generalitat usó “datos personales” el 9-N

La Fiscalía quiere averiguar si el Gobierno catalán utilizó “ficheros públicos” con “datos personales” de los ciudadanos para organizar la consulta sobre la independencia del 9-N. En un escrito remitido hoy al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Fiscalía solicita nuevas diligencias de investigación. Entre otras, pide más información sobre cómo un organismo público de la Generalitat “proporcionó las plataformas informáticas que constituyeron uno de los elementos esenciales para que la votación pudiera tener lugar”.

Pocos días después de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014, la Fiscalía se querelló contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y dos miembros de su Gobierno -la exvicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza Irene Rigau- por un delito de desobediencia. El TSJC imputó a los tres cargos casi un año más tarde y les tomó declaración. Desde hace meses, la Fiscalía estudia la ingente documentación enviada por las autoridades sobre la organización de la consulta.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled considera que, pese al veto del Tribunal Constitucional del día 4 de noviembre, la Generalitat siguió impulsando la votación. Las nuevas diligencias, de hecho, pretenden fijar “hasta qué punto” el Gobierno catalán “mantuvo en todo momento y hasta el final un control determinante sobre la preparación y desarrollo de la votación, en abierta contradicción con la suspensión” que acordó el TC. En sus declaraciones como imputados, Mas y sus consejeras sostuvieron que, a partir del veto del Constitucional, la consulta quedó en manos de los voluntarios.

La Fiscalía considera que la documentación enviada por las empresas que prestan servicios TIC a la Generalitat muestra a las claras cómo se “contrataron, desarrollaron e implementaron” los aplicativos que sirvieron de base para la consulta. En una nota de prensa, la Fiscalía subraya que el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) encargó “instrumentos informáticos específicamente destinados a ser utilizados en la votación”.