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El Estado interviene hasta el 95% de los ingresos de Cataluña

El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es la vía que tiene la Generalitat para financiarse pero supone un minucioso control

En la quinta planta del edificio que alberga la Bolsa de Barcelona, en el que la Generalitat colgó el cartel de se vende para afrontar estrecheces, está la oficina de los ajustes. Desde allí se han seguido minuciosamente las finanzas catalanas, pero también se han coordinado esta semana los envíos al Ministerio de Hacienda del papeleo para que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) cubra los 3.149 millones de euros necesarios para afrontar los pagos a proveedores. En total, se han preparado y enviado más de 283.000 documentos. El fondo estatal no solo es la vía para obtener financiación con unos tipos de interés inferiores al mercado. Es el único banco al que tiene acceso la Generalitat. La contrapartida a ese crédito ha sido la intervención de facto de las finanzas catalanas.

Esta intervención se ha ido acentuando y Hacienda ejerce el control sobre el 95% de los ingresos del Gobierno catalán justo cuando afronta una legislatura en la que se propone acelerar el proceso independentista.

El fondo estatal es el único banco al que tiene acceso la Generalitat

El deterioro de las arcas catalanas y la crisis de la deuda soberana cerraron a la Generalitat en 2012 los mercados financieros a cal y canto. La obtención de financiación había sido uno de los quebraderos de cabeza del consejero Andreu Mas-Colell cuando tomó las riendas de las finanzas públicas. El titular de Economía tuvo que solicitar créditos puente, renegociar préstamos, colocar bonos a particulares con unos intereses que superaban el 7% y se vio obligado a abortar alguna emisión entre inversores institucionales.

El consejero planteó la idea de los hispabonos. “Era una forma de mutualizar la deuda autonómica, y la catalana hubiera supuesto el 66% del total, que nos hubiera facilitado volver al mercado”, explica Ivan Planas, director general de Seguimiento y Evaluación de Políticas de Estabilidad y Crecimiento de la Generalitat. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda optó por un instrumento de rescate. En verano de 2012, en plena tormenta financiera en la zona euro, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, anunciaba en una entrevista a la BBC que Cataluña debía pedir asistencia financiera al Estado. “La situación de Cataluña es que no tiene otro banco que el Gobierno de España. Así es la vida, esta es la situación actual del mercado”, afirmó.

67.885 millones de deuda

El FLA pasó a ser desde entonces el banco de la Generalitat, de modo que hoy ya es el primer acreedor del Ejecutivo catalán al tener en sus manos más de la mitad de la deuda catalana: 67.885 millones. A cambio, Hacienda añadía otra vía de control a las finanzas catalanas, que ya estaban siendo examinadas con lupa a través de los planes de ajuste que presentaba a Hacienda por rebasar el objetivo de déficit fijado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

BCE, ¿ventana para salir del control?

El Banco Central Europeo (BCE) ha planteado la compra de deuda regional y municipal. Ahora no podría adquirir bonos de la Administración Catalana, porque que tienen la calificación de bono basura, pero desde la Generalitat ven esa posibilidad como una ventana para salir del FLA —al que le ha abonado cerca de 1.900 millones en intereses y al que el año que viene deberá empezar a devolver 2.862 millones de capital— en caso de que las agencias mejoren su rating. Una posibilidad que se antoja lejana.

“El FLA es un mecanismo de rescate que implica intervención y que sustituye cualquier posibilidad de endeudamiento de la Generalitat. Pero además, se da una imagen de una Administración ineficiente”, señala la economista y miembro de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, Iolanda Fresnillo. Advierte de que la deuda acumulada por la Generalitat “no podrá devolverse” con las condiciones de financiación actuales.

Planas relata que los funcionarios de la Generalitat envían a Hacienda cada mes y cada trimestre información como el estado de la tesorería con la situación de los pagos, el grado de implementación de las medidas de ingresos y gastos acordados, el nivel de deuda, los vencimientos o los pagos diferidos pendientes. Solo hasta el mes de agosto de este año la Generalitat solicitó 5.823 millones de euros al FLA. El 72% fue a cubrir vencimientos e intereses de la deuda. Solo el 28% fue a proveedores, en especial a conciertos sanitarios y farmacias.

Los funcionarios de la Generalitat envían a Hacienda cada mes y cada trimestre detallada información del estado de los números 

En parte, ello se debe a que los pagos que antes se cubrían con los créditos ICO para proveedores este año se abonan con los créditos que corresponden al déficit autorizado en el que incurrió la Generalitat el año pasado, que recibe en mensualidades, y el extraordinario, que sirve para cubrir el exceso de déficit de ese ejercicio. Ese monto, de más de 3.000 millones de euros, es el que los proveedores de la Administración catalana recibirán la semana que viene. De todos modos, Fresnillo recuerda que entre 2012 y 2014 el 70,6% de los créditos del Estado a Cataluña fueron a pagar deuda e intereses.

Preparar 133.000 documentos para Hacienda en pleno puente

Los suministradores de la Generalitat vienen denunciando el atraso que sufren en los pagos de sus facturas. Los farmacéuticos acumulan demoras de tres meses, que ascienden a 330 millones de euros. El Ministerio finalmente abonará esos fondos a Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Cantabria. Sin embargo, exigió al Ejecutivo de Artur Mas nuevas condiciones que este llevará al Supremo al considerarlas “discriminatorias” respecto al resto. Hacienda niega que se trate de una intervención, pero la Generalitat, que en 2012 se resistía a reconocerlo, ya ha admitido, en palabras de Mas-Colell, que lo está.

La nueva orden ministerial fija que el FLA pagará “directamente” servicios públicos fundamentales

Fuentes de la Generalitat explican que el FLA no pone problemas para cubrir vencimientos. Los recursos llegan puntualmente para hacer frente a los vencimientos a las instituciones financieras acreedoras. El problema está en los proveedores. La nueva orden ministerial fija que el FLA pagará “directamente” —sin que un euro pase por las arcas catalanas— servicios públicos fundamentales. Entre estos, incluye las ayudas a la dependencia. La Generalitat hasta ahora las abonaba a través de los anticipos de los recursos que recibe del sistema de financiación autonómica.

Pero la misma orden pasa a controlar también el destino de esos recursos, que hasta ahora estaban fuera del escrutinio del ministerio, por la potestad que le da la ley de Estabilidad Presupuestaria que también apoyó CiU. La primera consecuencia es de carga de trabajo: para que las ayudas llegaran a sus destinatarios, un equipo de funcionarios de Bienestar y Familia tuvo que preparar durante el pasado puente 133.000 documentos, casi la mitad de todos los que el lunes remitieron a Hacienda. La segunda: quedan fuera proveedores de servicios informáticos, limpieza o seguridad, aunque la Generalitat ha solicitado que entren en el programa.

El control de los anticipos de los impuestos compartidos —IVA, IRPF y especiales— también puede poner en aprietos a la Generalitat a la hora de pagar. La orden ministerial fija los programas a los que se pueden destinar “prioritariamente” esos recursos. El listado deja fuera de esa cobertura los pagos a programas de industria, comercio o las oficinas comerciales del exterior, por ejemplo. Eso significa que estos servicios están en la cola en los pagos con los recursos del sistema de financiación, lo cual obliga a apurar al máximo los recursos procedentes de los impuestos.

Los funcionarios de Hacienda tienen un “botón del pánico”, un sistema para comunicar cualquier ilegalidad que detecten

El ministerio también obliga a que la Generalitat se conecte al sistema de gestión de facturas electrónicas del Estado, lo cual ya hacía pero con “alguna dificultad técnica”, según Planas. Las dos medidas más “políticas” de todas son, no obstante, la firma de un “certificado inicial” por parte del interventor general en el que, entre otras cosas, deberá constar todos los gastos de los que ha tenido conocimiento “no contravienen el ordenamiento jurídico vigente” y lo que se ha llamado el “botón del pánico”, un sistema para que los funcionarios comuniquen cualquier ilegalidad que detecten. “El Estado intenta tener un control a tiempo real del cumplimiento del plan de ajuste”, asegura Fresnillo.

Mas-Colell dijo tras conocer la orden ministerial que suponía una forma encubierta de “aplicar el artículo 155 de la Constitución”. Planas explica el escaso margen de la Generalitat: “En gastos, el Gobierno calcula de forma discrecional los anticipos y recurre al Constitucional las medidas de consolidación fiscal que adoptamos. En el lado del gasto, el 88% del de la Generalitat corresponde a competencias en las que la legislación básica es estatal. Y eso limita nuestras decisiones”, asegura.

El profesor de Economía de la Universidad de Duke e investigador de Fedea, Juan Rubio-Ramírez, considera que las medidas de Hacienda corresponden a una “actuación política” que “puede no ser efectiva”. “El Ministerio quiere impedir que la Generalitat gaste dinero para fines independentistas, pero todavía tiene el control de los impuestos propios”, asevera.