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Bonig promete empleo y critica la subida de impuestos del Consell

La dirigente popular ha defendido un nuevo modelo de financiación, que garantizará la "solidaridad" entre españoles

Isabel Bonig, presidenta del PP valenciano, saluda a Mariano Rajoy durante una de las convenciones del partido en Valencia.
Isabel Bonig, presidenta del PP valenciano, saluda a Mariano Rajoy durante una de las convenciones del partido en Valencia.MÒNICA TORRES

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha asegurado que su partido se compromete a crear en la Comunidad Valenciana la próxima legislatura entre 600.000 y 700.000 empleos y llegar a 2,6 millones de personas trabajando y que la bajada de impuestos anunciada beneficiará a 2 millones de valencianos.

Estos datos contrastan con la "paralización" de actividad económica que generaría 12.500 empleos y la subida de impuestos del Consell, a quien ha reclamado crear empleo y ocuparse de la sanidad, pues la espera para intervenciones se ha duplicado, y la dependencia, a la que no han pagado y cuyas listas se alargarán hasta 2019.

La dirigente popular, que hoy ha mantenido un desayuno informativo con los medios de comunicación, ha defendido un nuevo modelo de financiación, que garantizará la "solidaridad" entre españoles, una financiación "estable" de la cartera de servicios públicos y un aumento de gasto "acorde con las necesidades de los ciudadanos", además de que trabajarán para que las autonomías determinen en sus presupuestos los recursos del Estado y propios para sanidad, educación y bienestar social.

"Eso es claridad y transparencia", ha apuntado en un desayuno informativo Bonig, quien ha reprochado que "por primera vez en la historia de la Generalitat, no aparecen previsiones de empleo en los presupuestos" y ha apuntado que los parámetros del PP serán empleo, bajada de impuestos y cambio del modelo de financiación.

"Con esa financiación estable, esos servicios básicos tendrían garantizada su financiación tanto como si hay bonanza como si hay crisis económica, en la que esos servicios no ser verían recortados", ha explicado.

Bonig ha incidido en la que según la última EPA en la Comunidad hay 1.882.900 empleados y "la intención es llegar a 2,6 millones, 1,4 en la provincia de Valencia, 900.000 en la de Alicante y unos 260.000 en la de Castellón".

Ha asegurado que "dos millones de contribuyentes valencianos, que hacen sus declaraciones individuales o conjuntas, se beneficiarían de esta rebaja de impuestos", algo "fundamental junto a la creación de empleo porque permite a las familias y a las personas tener más dinero en el bolsillo y podrían invertir" y reactivar la economía.

La presidenta del PPCV ha justificado que se rebaje ahora el IRPF porque "la situación económica empieza a mejorar y aumenta la recaudación" y, en ese sentido, ha resaltado que la Generalitat tendrá 1.048 millones de euros de recaudación más.

Preguntada por el actual gobierno autonómico valenciano, Bonig ha reprochado que "ya no son oposición, son gobierno y las listas de espera en sanidad se han doblado y las de dependencia continúan hasta 2019 y proponen un programa de Xarxallibres que es un desastre".

"Esperaba más de la izquierda tras 20 años y no este descontrol tan rápido", ha apuntado Bonig, para quien "es decepcionante que paralicen proyectos y no creen empleo y vuelven a dividir a los ciudadanos", además anunciar subidas de impuestos como la tasa turística y realizar "un ataque a la libertad en materia educativa".

Bonig ha criticado que la vicepresidenta Mònica Oltra, "adalid contra la corrupción", se reúna en sede del gobierno para analizar la situación de los refugiados con el exjuez Baltasar Garzón, "condenado por sentencia firme por prevaricación y expulsado de la carrera judicial" y le ha pedido que "además de los refugiados, se ocupe de los problemas reales y diarios de los valencianos.

Preguntada por las medidas del PP sobre la empresa Carns de Morella, después que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no aclarara su vinculación con ella durante la sesión de control, ha asegurado que estudian "todas las posibilidades".

Entre ellas, solicitar de nuevo la comparecencia, ver si la Consejería de Transparencia inicia una investigación de oficio, como hizo cuando el exconsejero Máximo Buch dejó su acta de diputado, y llevar a un pleno de presupuestos la creación de la comisión de investigación como ya pasó en diciembre pasado con la de Emarsa.

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