Imputada la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar

La juez ha imputado a María Ángeles Ureña, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en la causa abierta por supuestas irregularidades en la gestión de la empresa pública de medio ambiente de la Generalitat Vaersa. La magistrada le atribuye los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Según un auto fechado el cuatro de diciembre, la alto cargo nombrada por el Gobierno autorizó presuntamente el reparto de casi dos millones de euros entre los directivos de Vaersa al margen de la ley. En la resolución, la magistrada considera de forma indiciaria que Ureña autorizó cuando era consejera delegada de Vaersa complementos de productividad irregulares "con conciencia plena de ello y con perjuicio para las arcas públicas".

Se trata del mismo caso en el que están imputados dos exdirectores de Vaersa,  Enrique Simó y Felipe Espinosa. La magistrada también ha imputado a la entonces jefa de recursos humanos, así como a un abogado que facturó más de dos millones de euros a Vaersa.

Declaración de otro imputado

"De las diligencias que se han practicado", señala la juez instructora, "resultan sólidos indicios de haberse cometido los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación". La juez considera "imprescindible" la declaración de Ureña "a la vista de la declaración efectuada por el imputado Espinosa". El exdirector de Vaersa aseguró en el juzgado que la ahora presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar fue "la persona que verbalmente autorizaba el abono de la productividad, señalando que si ella no lo hubiese autorizado no se hubiera pagado".

Espinosa afirmó que tanto él como Ureña en su etapa como consejera delegada conocían que el abono del complemento salarial no había sido autorizado por el Consell. "Queda claro pues que los controles administrativos impuestos para evitar dicha situación no funcionaron a sabiendas por sus responsables", mantiene la magistrada del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.

El conocimiento de los máximos responsables de Vaersa de los hechos se ve reforzado, apunta la instructora, en que "los informes de la Intervención de la Generalitat y de la Consejería de Hacienda ponían de manifiesto que el desvío de fondos públicos no era un hecho que se ocultase al órgano de fiscalización".

"Importantes sumas"

La juez recuerda que Vaersa es una empresa pública de la Generalitat. Y que la Ley de Presupuestos del Consell de 2006 estableció que para pagar un complemento de productividad, una sociedad como Vaersa debía implantar "un sistema de objetivos" que permitiera "su correcta evaluación". Y una posterior autorización del Consell "de las cuantías individualmente asignadas".

Vaersa, sin embargo, solo solicitó la primera autorización en el año 2006. Y no llegó a obtener nunca la segunda. A pesar de ello, los directivos recibieron "importantes sumas de dinero". En 2007 se repartieron 360.000 euros. En 2008, 407.582 euros. En 2009, 477.726 euros. En 2010, algo más de medio millón de euros. Y en 2011, el importe descendió hasta 105.624 euros.

De la investigación, iniciada con una denuncia de la CGT a la fiscalía, se desprende que "existen indicios de que Ureña, en su calidad de consejera delegada de Vaersa y en el ámbito de sus competencias, tenía pleno conocimiento de que se estuvo abonando a los trabajadores el complemento de productividad" pese "a la inexistencia del correspondiente acuerdo del Consell".

Pagos a un abogado

La magistrada también ha imputado a un abogado y a la jefa de recursos humanos por los pagos que recibió el primero. El letrado cobró 470.000 euros entre 2008 y 2011 por servicios que solo se identificaban con un "concepto genérico", como "redacción de escritos, contratos, consultas verbales, informes y reuniones de empresa”. Y, además, 1,83 millones de euros más por "asuntos concretos individualizados".

La juez destaca, de un lado, que Vaersa pagó esas cantidades pese a que estaba en vigor un convenio con el Consell por el que "el gabinete jurídico de la Generalitat prestaba asistencia jurídica" a la sociedad pública. Las consultas externas a un letrado deberían haber contado con un informe "preceptivo y vinculante" del director del gabinete jurídico de la Generalitat, "que no consta que se haya solicitado en ningún momento". Y, por otra parte, la magistrada mantiene que al tratarse de una empresa pública el precio de los servicios debería haberse establecido sobre la base de "los honorarios fijados" por el Colegio de Abogados.