Mascherano pacta con el fiscal un año de prisión por fraude fiscal
El central del Barça admite que defraudó 1,5 millones al fisco y eludirá el ingreso en la cárcel
Javier Mascherano ha llegado a un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado -que defiende los intereses de Hacienda- para zanjar la causa penal que tiene abierta por fraude fiscal. A cambio de admitir que defraudó 1,5 millones al fisco, y tras haber devuelto el dinero, las dos acusaciones han aceptado pedirle una condena inferior a la que corresponde a ese tipo de delitos: un año de cárcel y el pago de una multa de unos 700.000 euros.
La Fiscalía se querelló el pasado septiembre contra Macherano, al que acusó de defraudar a Hacienda mediante la cesión de sus derechos de imagen a empresas extranjeras. En 2011 y 2012, el futbolista argentino evitó declarar ante el fisco los ingresos por la explotación comercial de sus derechos de imagen y dejó de abonar la parte de IRPF que le correspondía.
Por consejo de sus abogados, el jugador admitió desde el primer momento su responsabilidad y devolvió la cantidad defraudada (1,5 millones) más los intereses (200.000 euros). El camino hacia el pacto estaba abierto. En su declaración como imputado ante el juez, Mascherano reiteró su posición.
Los abogados del jugador han mantenido en las últimas semanas intensas negociaciones tanto con la Fiscalía como con la Abogacía del Estado hasta que las tres partes han alcanzado un pacto. En el juicio (que de todos modos debe celebrarse) el fiscal y el abogado del Estado acusarán al jugador de dos delitos fiscales y pedirán que sea condenado a cuatro y ocho meses por cada uno de ellos. Además, exigirán que se le imponga el pago de una multa.
Tras cerrar el acuerdo, el juez de Gavà (Barcelona) que dirija la vista oral contra el defensa azulgrana dictará una sentencia de conformidad, que será firme desde el primer momento. Al aceptar una pena de solo un año de cárcel, el jugador no tendrá que ingresar previsiblemente en prisión, ya que carece de antecedentes penales. Como regla general, la ejecución de las penas de cárcel que no superan el umbral de los dos años de cárcel queda suspendida si el condenado no vuelve a delinquir.
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