Procesada por enchufismo una diputada autonómica del PP gallego

La parlamentaria autonómica del PP de Galicia y exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Carnota (A Coruña) Soledad Piñeiro será procesada por un supuesto delito de prevaricación. La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por la diputada del gobierno gallego que preside Alberto Núñez Feijóo y por el exalcalde de Carnota José Domingo Oreiro, también del PP, y avala el argumento del juez de instrucción de que Piñeiro contrató presuntamente a dedo a una empleada en el Ayuntamiento. Piñeiro ha presentado su dimisión como diputada tras conocer su procesamiento.

“Su participación fue de todo punto activa en esa contratación carente de cualquier procedimiento administrativo de mínima consideración", apostilla el alto tribunal gallego que precisa que de la actuación de Piñeiro se desprende de forma indiciaria que el contrato inicial de la supuesta enchufada, sus prórrogas y las modificaciones en su contenido “tuvieron lugar sin seguir el procedimiento administrativo correspondiente”. “No hubo por consiguiente ni oferta pública, publicidad de algún tipo, o sujeción en cuanto a la elección de la persona indicada a los parámetros de mérito y capacidad”, puntualiza el TSXG que, contrariamente a lo que señala la defensa de la diputada autonómica, sostiene que “es indiferente que en el contrato de trabajo inicialmente suscrito por la señora Piñeiro apareciera el señor Oreiro como representante del Ayuntamiento”.

El Tribunal Superior de Galicia entiende que fue la actual parlamentaria quien durante su etapa como teniente de alcalde en Carnota “asumió esa posición” de poder de contratación “derivada de la imposibilidad que pesaba sobre el alcalde por un problema de salud, tal y como de manera incuestionable se ha puesto de manifiesto con las declaraciones vertidas en la instrucción.” Según el alto tribunal gallego, Piñeiro “no se limitó a firmar aquello que simplemente se le presentó”. Para el TSXG existen indicios suficientes que muestran que “su participación fue de todo punto activa” en una contratación “carente de cualquier procedimiento administrativo de mínima consideración”.

La ratificación del procesamiento de la parlamentaria se produce a escasos dos meses de que el presidente de la Xunta y del PP de Galicia amagara con llevar a cabo una limpieza en sus filas mediante las destituciones de sus delegados territoriales en Vigo y Ourense. Feijóo mantuvo no obstante al imputado Rafael Louzán, expresidente de a Diputación de Pontevedra, a quien premió con un cargo de asesor en ese mismo organismo provincial.