Corrupción y despilfarro minan el poder de los populares valencianos

Los populares valencianos, habituados a las mayorías absolutas que obtuvieron durante 20 años, quizá pensaron que nunca les afectarían los numerosos casos de corrupción en los que su partido estaba inmerso. De hecho, en plena crisis económica y con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps como candidato, a pesar de estar imputado en el caso de los trajes, una ramificación de Gürtel, los conservadores barrieron en 2011 con 55 escaños. Más de 1.200.000 votos que se redujeron a la mitad en los pasados comicios autonómicos. Es decir, 24 diputados menos.

El PP, sin embargo, aún es la fuerza más votada con el 26,25%; seguida de socialistas, con el 20%, que se dejaron 10 escaños en el camino; Compromís, que con más del 18% de los votos, paso de 6 a 19 parlamentarios; Podemos, que con el 11,23% de los votos consiguió 13 escaños; y Ciudadanos que irrumpió con otros 13. Socialistas y Compromís forman el actual Gobierno valenciano, que preside el socialista Ximo Puig, con el apoyo condicionado de Podemos.

El PP valenciano se ha ganado a conciencia la pérdida de confianza de la mayoría de los ciudadanos y tardará en recuperarla teniendo en cuenta que el 92% calificó de muy mala, mala y regular la gestión de los últimos cuatro años del Gobierno popular, según el barómetro postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La respuesta no podía ser más acorde con las circunstancias que han rodeado la Administración valenciana, hoy sumida en la más absoluta estrechez con una deuda de 40.085 millones, lo que equivale al 40,3% del PIB regional.

Y es que 14 exmiembros del Gobierno valenciano han sido imputados, procesados o condenados durante la pasada legislatura, entre ellos dos expresidentes. Uno de ellos, Francisco Camps, fue absuelto de cohecho impropio por cinco votos contra cuatro de un jurado a principios de 2012, mientras su vicepresidente, Víctor Campos, y otro alto cargo se declaraban culpables en la misma causa. Camps también se libró de ser implicado en el caso Nóos como pretendía el juez José Castro. En febrero de este año, sin embargo, ha sido imputado en el caso Fórmula 1 por los supuestos delitos de malversación y prevaricación en la organización del Gran Premio de Valencia. José Luis Olivas, que también fue jefe del Consell, está imputado en Bankia, Banco de Valencia, y en una tercera causa, por delitos fiscales, con el sobrino del expresidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino.

Hay tres exdirigentes en prisión que nunca fueron expulsados ni sufrieron la famosa línea roja contra la corrupción del expresidente Alberto Fabra, hoy en el Senado. Todos dejaron su cargo en la Administración y en el partido cuando quisieron. Se trata del expresidente la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, condenado a cuatro años por varios delitos fiscales. De Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja y exdiputado autonómico, culpable de falsedad documental y prevaricación. Y de Rafael Blasco.

Blasco fue condenado a seis años de cárcel por desviar ayudas a la cooperación y tiene otros tres procesos abiertos

Mención aparte merece este último, exconsejero de varios departamentos y exportavoz parlamentario del PP, por inmoral. Condenado a seis años y medio de cárcel por la malversación de 1,6 millones de euros destinados a proyectos de desarrollo en Nicaragua, de los que solo llegaron al país centroamericano 47.953 euros, menos del 3% del total. El resto fue destinado a la compra de pisos y plazas de garaje en Valencia. En este mismo caso fueron condenados otros cuatro altos cargos de la Generalitat. Blasco tiene pendientes dos piezas abiertas con más de 30 imputados. Y su gestión en la Consejería de Sanidad está siendo investigada tras ser denunciada por la Fiscalía Anticorrupción.

La formación popular en las Cortes valencianas llegó a tener durante la legislatura pasada 13 diputados imputados, procesados o condenados, sin contar los que fueron absueltos tras ser sometidos a juicio o cuyas causas fueron archivadas. “Las imputaciones vinculadas a la corrupción no tienen cabida en el PP”, insistía Fabra con poco efecto sobre sus compañeros de partido. Los implicados se resistieron hasta el final. Como la estrambótica exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en Brugal, una presunta trama de corrupción vinculada al urbanismo y a la gestión de la basura.

Son muchos más los procesos que afectan a los populares. La gestión de la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), que fue cerrada hace dos años con una deuda de 1.200 millones de euros. La investigación sobre supuestos costes injustificados en la ampliación de Feria Valencia, que debía costar 325 millones de euros y ascendió a más de 600. Los pagos al Instituto Nóos por parte del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat. Y hay otro juicio a punto de comenzar en el que está procesado el exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, y otros 23 acusados, por el desvío de 23 millones de euros en la sociedad pública que depuraba las aguas residuales de Valencia.

En una grabación difundida poco antes de elecciones se oye presuntamente a Rus contar dinero de una comisión: "3.000, 4.000, 5.000, 6.000... 12.000 euros, dos millones de pelas”

La gota que colmó el vaso días antes de elecciones autonómicas fue escuchar una grabación en la que, presuntamente, el expresidente de la Diputación y alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, aparecía contando dinero de una comisión ilegal que acaba de cobrar: “Aquí hay un millón más. Hay 24.000 ahí... 3.000, 4.000, 5.000, 6.000... 12.000 euros, dos millones de pelas”. El sumario sigue su curso. Rus, líder del partido en la provincia de Valencia, ha desaparecido del mapa. Y Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), que destapó el caso y fue uno de los partidos que más denunció la corrupción la anterior legislatura, quedó en mayo fuera del Parlamento valenciano, donde en 2011 sacó cinco escaños. “La corrupción, a pesar de ser tan fuerte, no fue lo único que acabó con la hegemonía del PP. El despilfarro y los recortes también contribuyeron”, afirma Ignacio Blanco, exdiputado de EUPV.

Cinco días después de perder casi todo el poder en las elecciones de mayo, el PP regional sufrió un último golpe al ver cómo el entonces delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, era detenido y entraba esposado en los juzgados de Sagunto acusado de amañar las adjudicaciones de los servicios de extinción de incendios forestales.