La juez del ‘caso Aneri’ investiga a los gobiernos de Aguirre y González

La titular del juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que investiga el fraude de los cursos de formación, el llamado caso Aneri, ha ordenado identificar a la cúpula política de las consejerías de Empleo en los Gobiernos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González entre 2010 y 2014. En un auto firmado el pasado 11 de noviembre, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la magistrada Esperanza Collazos Chamorro accede a la petición del fiscal y reclama a la actual Consejería de Economía —que preside Engracia Hidalgo y que engloba Empleo— que le certifique los nombres de todas las personas que ocuparon cargos públicos en esa cartera en ese periodo.

El auto judicial pide “la identidad, fechas de toma de posesión, y en su caso cese de los respectivos cargos de las personas que ocuparon la Consejería de Empleo, la viceconsejería, la dirección general de Formación, la Subdirección General de Formación Continua y Emprendedores, la dirección general de Estrategia y Fomento de Empleo, la subdirección general de Estrategia y Fomento de Empleo, y los jefes de área de la dirección general de Estrategia y Fomento de Empleo”. Todos los que tuvieron algún papel en la concesión de ayudas para formación, el objeto del fraude, que inicialmente se estimó en 4,4 millones de euros.

La lupa se pone ahora sobre los equipos directivos de Paloma Adrados, consejera de Empleo entre 2007 y 2011, Lucía Figar, consejera de Educación y Empleo entre 2011 y septiembre de 2012, y Ana Isabel Mariño, que asumió Empleo cuando Ignacio González sucedió a Esperanza Aguirre en septiembre de 2012. La magistrada sigue la petición del fiscal del caso, Miguel Serrano Solís, que reclamó la certificación oficial de los cargos públicos para seguir adelante con la investigación iniciada en febrero de 2013.

La decisión anticipa un giro en las pesquisas, que hasta ahora se han centrado en la red creada por Aneri y sus socios para captar fondos autonómicos de formación y en la treintena de asociaciones beneficiadas por las ayudas a cambio de cursos que, en muchos casos, no se efectuaron. Pese a que algunas entidades defendieron en el juzgado que llevaron a cabo las acciones formativas y denunciaron la falta de control de la Comunidad en la fiscalización de las ayudas e incluso supuestas complicidades políticas con la trama, hasta el momento ningún cargo público ha tenido que sentarse ante la juez.

El sumario está repleto de evidencias sobre un fraude continuado en las ayudas públicas durante el último lustro. En el supuesto fraude, llamado caso Aneri por uno de los cabecillas de la trama, se investiga el destino de más de 15 millones de euros de subvenciones destinadas a la formación por Internet. Entre los imputados hay altos cargos de la patronal madrileña CEIM.

Los socios de Aneri

Uno de los implicados en la trama es su antiguo socio, Alfonso Tezanos, detenido en marzo de 2014 e imputado por este caso. Tezanos fue alto cargo de CEIM, presidente de la comisión de Formación de la Cámara de Comercio y dirigente de varias organizaciones empresariales, entre ellas Fedecam, que también recibía subvenciones de la formación y utilizaba un sistema similar al de Aneri. De hecho, fue Tezanos, un hombre fuerte del expresidente de la patronal, Arturo Fernández, quien trajo al empresario cordobés a Madrid.

La Policía Judicial ha aportado en el juzgado decenas de declaraciones de alumnos apuntados como receptores de los cursillos en la documentación que obra en poder de la Comunidad y que manifestaron no haber recibido esas clases. De falsos tutores que supervisaban el supuesto aprendizaje. Y de testaferros y facturas simuladas que ayudaban a camuflar una estafa que solo vio la luz cuando Aneri perdió el control de su vida sumido en una espiral de juergas, lujo, prostitución y cocaína.

Entre las cargos públicos que la juez pretende tener identificados está también el que era jefe del área de formación continua en la Consejería, Vicente Ferreras, autor de un informe que señalaba directamente a Aneri como responsable de la estafa. En ese documento, fechado el 28 de octubre de 2013, concluía: “A lo que se ha dedicado este señor desde principios de año es a crear una barrera entre el área de formación continua y las entidades, alargando un posible desenlace en los problemas que se plantean en la justificación”.

La juez y el fiscal piden identificar también a quien fue la primera víctima política del escándalo, Joaquín Velázquez, subdirector general de Formación Continua y Emprendedores que fue destituido por la consejera Ana Isabel Mariño, por el caso Aneri.