El juez archiva el ‘caso Sant Pau’ sin aclarar los gastos del hospital

El Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona ha decidido archivar después de más de tres años de investigaciones el caso Sant Pau sin poder aclarar "en qué operaciones concretas se gasta el dinero [el hospital] e incluso determinar los ingresos y su procedencia". Pese a ello, el juez renuncia a seguir adelante con las investigaciones ya que no se "ha podido determinar desvíos fraudulentos de fondos". "Un proceso penal ha de estarse a las pruebas concretas en plazos razonables", recoge el auto, que admite que "en este supuesto no se han obtenido" y recuerda que "un proceso [penal] no puede estar permanentemente abierto".

Las investigaciones del caso Sant Pau empezaron en mayo de 2012 tras una denuncia de trabajadores y sindicatos del hospital que motivó la apertura de tres líneas de investigación. La primera, que alertaba de varias contrataciones irregulares, acabó con la condena por estafa del exgerente del hospital, Jordi Varela, y del exdelegado de la Generalitat en Madrid, José Ignacio Cuervo. La segunda puso el foco en el gigantesco sobrecoste de 77 millones de euros que sufrieron las obras del nuevo edificio del hospital. Esta pieza fue archivada en octubre de 2013, aunque el juez admitió que la adjudicación de las obras había incumplido la normativa de contratación pública, entre otras irregularidades.

La tercera y última línea de investigación trataba de aclarar si existe fraude societario en la estructura de la centenaria institución, cuya actividad está dividida entre tres fundaciones (una dedicada a la asistencia sanitaria, otra a la investigación y la tercera a la gestión del gran patrimonio inmobiliario de la entidad). Los denunciantes alegaron que esta estructura favorecía la opacidad, impedía aclarar adónde iba a parar realmente el dinero y permitía al Sant Pau acumular patrimonio a través de las donaciones sin dedicar sus rendimientos a la asistencia médica. Estas denuncias han sido en parte confirmadas por la Agencia Tributaria.

El auto firmado por el juez Juan Emili Vilá Mayo viene a dar la razón a los denunciantes, pero no halla indicios de responsabilidad penal y concluye que son otros ámbitos (como la política) los que deben afrontar el asunto. El texto, de apenas dos folios, explica que el objetivo de las investigaciones era "determinar los ingresos del Sant Pau y cuál era su destino" y admite que "no puede concluirse que la duda inicial haya sido despejada". "Los peritos [de la Agencia Tributaria] han tenido que reconocer que se hace muy complicado determinar en qué operaciones concretas se gasta el dinero e incluso determinar los ingresos y su procedencia", suscribe el juez.

El auto atribuye esta opacidad, como alertaban los denunciantes, "al propio sistema de funcionamiento" del hospital, aunque estima que "no corresponde al proceso penal efectuar consideraciones de orden social y político". "Durante tres años, dos peritos a propuesta de la Agencia Tributaria, con profesionalidad y dedicación extraordinaria, han tratado de dar respuesta a la cuestión planteada", escribe el juez, que a continuación admite que no lo han conseguido.

El auto del juez, aunque cierra la vía penal del caso Sant Pau, mantiene sin embargo las dudas sobre la opacidad y las irregularidades en la gestión del centro.