Mas apunta que desobedecerá al Constitucional como en el 9-N

Artur Mas aprovechó ayer el segundo debate de su investidura para alimentar la tesis de la desobediencia al Tribunal Constitucional. El presidente catalán evitó responder claramente a la pregunta de si desobedecerá, pero relativizó la suspensión judicial del texto independentista aprobado por el Parlament el pasado lunes, recordando que la pseudoconsulta independentista del 9-N de 2014 se acabó celebrando pese a que también estaba suspendida por el Constitucional. Tanto Mas como la Mesa del Parlament recibieron ayer la notificación del apercibimiento del Constitucional sobre las consecuencias de seguir adelante con el plan secesionista.

Saber si el Gobierno y el Parlamento catalán acatarán la suspensión de la resolución independentista y se abstendrán de desarrollar su contenido se ha convertido en la gran incógnita de la política catalana, más allá de los interrogantes que pesan sobre si Mas mantendrá la presidencia. El propio president en funciones insinuó que sí podría desobedecer, en un gesto que se interpretó como un nuevo intento para conseguir el apoyo de la izquierda radical de la CUP a su investidura.

Xavier García Albiol (PP) intentó repetidamente que Mas aclarara si desobedecerá la suspensión del Constitucional. No consiguió una respuesta expresa, pero lo que dijo puede interpretarse como un sí. “El Constitucional ha resuelto esto [la suspensión] a petición del Gobierno español; también lo hizo hace un año. Y las urnas se pusieron”, afirmó el president en referencia a la pseudoconsulta independentista del 9-N.

La CUP fue mucho más clara. Su portavoz, Antonio Baños, no tuvo inconveniente en responder a la pregunta de García-Albiol. “Nosotros no acatamos”, dijo. “Y seguiremos por este camino”.

Queda por ver si el Parlamento catalán, cuya Mesa tiene mayoría absoluta independentista, se abstendrá o no de tramitar leyes y medidas que puedan vulnerar la suspensión de la resolución soberanista. El Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) notificó ayer a Artur Mas, a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los miembros de la Mesa y a los consejeros del Govern el apercibimiento del Tribunal Constitucional sobre las consecuencias que asumen si no acatan la suspensión. Lo hicieron cuatro secretarios judiciales movilizados por el TSJC, que acudieron al Parlament mientras se celebraba el segundo pleno de investidura.

El texto del Constitucional advierte a 21 altos cargos de que su deber es “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir” la suspensión de la resolución de ruptura dictada por el Constitucional. Y avisa a estos responsables institucionales de las responsabilidades, “incluida la penal, en las que pudieran incurrir” si no acatan esa suspensión. El vicepresidente segundo de la Mesa del Parlament, José María Espejo (Ciudadanos), pedirá que conste en acta cualquier tramitación que pretenda desarrollar la resolución independentista.

Los Mossos d’Esquadra también se preparan para afrontar la situación. El comisario jefe del cuerpo, Josep Lluís Trapero, ha ordenado a todos los agentes que le remitan cualquier atestado sobre eventuales casos de sedición en Cataluña, para que sea él quien personalmente asuma “en todos los supuestos y sin excepción” las decisiones a adoptar.