Suspendido el juicio del ‘caso Emarsa’ para que se extradite a un acusado

La Audiencia de Valencia ha suspendido este lunes el juicio del caso Emarsa, en el que se investiga la supuesta malversación de 23,7 millones de euros de la empresa pública que depuraba las aguas residuales de Valencia. En la primera jornada de vista, el tribunal ha atendido la solicitud de fiscalía y las 24 defensas de paralizar el enjuiciamiento hasta que uno de los acusados, Jorge Roca, sea extraditado desde Moldavia, donde se halla encarcelado.

La decisión supondrá una gran demora para la resolución del caso, que puede ser de años, puesto que el procedimiento volverá a la fase de instrucción. Desde las defensas se ha adelantado que ello generará "dilaciones indebidas". Un argumento que, de ser aceptado, implicaría una reducción de eventuales condenas, como sucedió con Carlos Fabra. El expresidente de la Diputación de Castellón vio acortada a la mitad la pena prevista.

Roca no es un personaje cualquiera en la causa. La fiscalía y el resto de acusaciones lo consideran uno de los presuntos cabecillas de la trama que llevó a la quiebra a la Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa) y a su disolución en 2010 por la cantidad de fondos distraídos. Roca habría creado un sistema para introducir sobrecostes en el proceso de depuración. Y pagado sobornos a quienes gestionaban la planta de Pinedo, una de las más grandes de España, que ocupaban cargos públicos municipales, provinciales y autonómicos en gobiernos del PP. Entre ellos, el exvicepresidente de la Diputación de Valencia Enrique Crespo. Después de varios años huido de la justicia, Roca fue localizado en junio en Moldavia.

El juez instructor, Vicente Ríos, y la fiscal del caso siguieron el rastro de Roca y del dinero presuntamente procedente de Emarsa por varios países. El empresario de lodos fue detenido en el país situado entre Rumanía y Ucrania en junio utilizando documentación falsa y ha sido condenado a 10 meses de prisión que pueden ser sustituidos por una multa.

La fiscalía había pedido la suspensión aduciendo la indivisibilidad de los procesos penales y la necesidad de celebrar el juicio en un solo acto ante el riesgo de que el resultado de un posterior procedimiento solo a Roca resultase contradictorio con el que se iba a celebrar desde hoy y hasta mayo. Y ante el peligro de que instancias judiciales superiores considerasen vulnerado el derecho de defensa.

Los letrados de los acusados se han sumado a la petición. Uno de ellos ha manifestado que la suspensión afecta "al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas", adelantando los argumentos que planteará cuando se celebre el juicio para lograr rebajar una hipotética condena.

La Audiencia de Valencia rechazó hace dos semanas paralizar el inicio del juicio hasta que pudiera incorporarse Roca. Los jueces justificaron el rechazo en que no era posible saber "siquiera de forma aproximada, la fecha en que pueda hacerse efectiva la extradición" del huido.

En la primera jornada de juicio celebrada hoy la fiscalía ha aportado documentación para respaldar su petición. En ella figura la pena a la que ha sido condenado Roca en Moldavia y la confirmación de que ha aceptado ya ser extraditado a España, lo que agilizará los trámites. Las nuevas circunstancias han hecho cambiar de criterio al tribunal.

Una vez que Roca esté en España se le tomará declaración en calidad de imputado y su abogado podrá solicitar las diligencias que considere necesarias para su derecho de defensa. El empresario abandonó el país antes de que estallase el escándalo, por lo que no ha podido participar en una causa cuya investigación duró cerca de cinco años. Las dimensiones del procedimiento, las peticiones de prácticas de prueba que haga Roca y las que puedan solicitar como reacción el resto de imputados apuntan a que la instrucción complementaria no será corta.

El alcalde Albal, Ramón Marí, que era vicepresidente de la asamblea metropolitana propietaria de Emarsa y fue quien denunció los hechos a la fiscalía se ha felicitado antes del inicio del juicio del inicio de las sesiones. "Quien la hace, la paga", ha declarado Marí. El regidor ha considerado que "ha quedado gente sin imputar", pero ha celebrado que "ya se está recuperando el dinero robado" mediante acuerdos con algunos imputados. El caso Emarsa tiene 11 piezas separadas. El presidente del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, José Luis Ábalos, ha lamentado por su parte que los ciudadanos estén "pagando el coste de este escándalo mes a mes en el recibo del agua".