La Comunidad deberá pagar 43,4 millones a la Universidad de Alcalá

La Comunidad de Madrid tendrá que pagar a la Universidad de Alcalá de Henares 43,4 millones de euros que se había comprometido a sufragarle en el Plan de Financiación de las Universidades Públicas 2006-2010 y en el Plan de Inversiones 2007-2011. El Tribunal Supremo ha condenado al Gobierno regional a abonar a la universidad el dinero con el que esta contaba para financiarse, pero que el Ejecutivo decidió recortar unilateralmente en plena crisis.

La de Alcalá es la única sentencia que quedaba pendiente en el Tribunal Supremo sobre el pleito entre las universidades públicas madrileñas y la Comunidad por el incumplimiento de la financiación comprometida por el Gobierno de Esperanza Aguirre, que se vio reducida de forma drástica a partir de 2008. Todas las universidades llevaron al Ejecutivo a los tribunales y los jueces les han ido dando la razón una por una. En total, la Comunidad tendrá que pagar a los campus más de 280 millones de euros: 36 a la Complutense; 50,9 a la Autónoma; 34 a la Rey Juan Carlos; 76,4 a la Politécnica; 42 a la III; y 43,4 a la de Alcalá. Esta suma puede crecer si los campus presentan los justificantes de obras del pan de inversiones que hayan acometido y que no hayan sido computadas aún por el Supremo.

En su última sentencia, los jueces insisten en que el Gobierno regional se comprometió a aportar a cada una de las universidades una determinada cantidad de dinero al año y a incluir esa cifra en las futuras leyes de presupuestos, por lo que los planes tenían naturaleza jurídica y la Comunidad no podía incumplirlos de forma unilateral. En el caso de la de Alcalá de Henares, la Sala III condena a la Comunidad a pagar de forma inmediata 28 millones de euros por la suma de cuatro conceptos: el Plan de Inversiones (14 millones de euros); el incremento en las pagas extraordinarias por la inclusión de complementos específicos y de destino (12,5 millones); reconocimiento de trienios a funcionarios internos (327.000 euros); y la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a pagar al personal docente e investigador en la parte autonómica del complemento específico y con contrato por antigüedad (1.38 millones).

Además, el Supremo obliga al Gobierno de Cristina Cifuentes pagarle otros 15,2 millones que deberán ser abonados a medida que la universidad vaya presentando el justificante de las obras previstas en el Plan de Inversiones. La sentencia condena además a pagar los intereses de las cantidades ya justificadas y los intereses de demora de las cantidades adeudadas del Plan de Financiación desde el 17 de junio de 2011, fecha en la que se presentó la reclamación administrativa.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Cudero, estima parcialmente el recurso que presentó la Universidad de Alcalá contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que le dio la razón al campus, pero no en la cantidad que este pedía: la Universidad reclamaba 43,48 millones y el TSJM le reconoció el derecho a cobrar solo 3,1 millones más los intereses de demora.

Los jueces del Supremo rechazan el recurso de la Comunidad de Madrid, anulan la sentencia del tribunal autonómico. Los jueces reiteran los argumentos que ya han expresado en las sentencias de los otros campus: advierten que pagar los planes de financiación y de inversiones era una “obligación” para el Gobierno regional, no una “mera previsión del gasto” que quedara supeditado a su inclusión en los presupuestos generales.