Los secesionistas fuerzan el proceso para votar la independencia el 9-N

Junts pel Sí y la CUP se han conjurado para que el pleno para votar la resolución de la declaración de inicio de independencia se celebre el lunes antes de la sesión de investidura de Artur Mas. Carme Forcadell, presidenta de la Cámara, aceleró ayer el trámite parlamentario obviando la estrategia dilatoria del PP, aún no constituido como grupo parlamentario. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y partidos contrarios a la secesión están negociando un pacto e impulsando resoluciones y recursos para desbaratar el plan. Pero los independentistas se han fijado celebrar el pleno el lunes, coincidiendo con el primer aniversario del 9-N.

Francesc Homs ya avanzó a primera hora de ayer, en una entrevista a RAC1, que el pleno se celebraría la próxima semana. “De una manera o de otra se acabará votando la semana que viene”, garantizó el consejero de la Presidencia, que apuntó que barajan “mecanismos alternativos” para que la sesión se celebre. “Los tenemos por si el Tribunal Constitucional, un árbitro de parte presidido por un señor del PP, se le pasara por la cabeza suspender el pleno”, afirmó.

El bloque independentista y el contrario a la secesión mantienen desde hace una semana una dura pugna, jugando al gato y al ratón para evitar que el pleno se celebre. Junts pel Sí y la CUP se han comprometido a que la resolución se vote antes de que Mas se someta a la sesión de investidura prevista para el lunes por la tarde. Será en otro simbólico 9-N y en el primer aniversario de la consulta. De hecho, fue una de las exigencias de la plataforma anticapitalista en sus negociaciones con Junts pel Sí. No quiere decir que sea a cambio de nada: la CUP insistió por enésima vez en que no darán a Mas los dos votos que necesita para revalidar el cargo. Pero a Junts pel Sí no se le escapa que la declaración eclipsaría una eventual derrota del president. La idea de fondo es mostrar que el plan independentista sigue adelante a pesar de los contactos del presidente Rajoy con políticos, patronales y sindicatos.

“Se pueden ahorrar la invitación porque no iremos a una reunión ilegal”, dijo el popular Enric Millo

La estrategia de Forcadell pasa por forzar el reglamento y convocar para hoy a la junta de portavoces aunque el Partido Popular no se haya constituido como grupo (el plazo se agota el viernes). Eso sí: Forcadell ha invitado individualmente a los diputados populares a asistir de la misma forma que les permite acudir a las sesiones de la Mesa aunque no la integran. El PP avanzó que no acudirá a la junta porque cree que es “una junta ilegal”. “Se pueden ahorrar la invitación porque no iremos a una reunión ilegal. No vamos a correr porque algunos tengan prisa”, señaló el popular Enric Millo. Todos los grupos de la oposición —salvo la CUP, por razones obvias— pidieron ayer a Forcadell que rectifique y dé marcha atrás cumpliendo el calendario. No lo hará. “Sí, se mantiene, se mantiene”, confirmó ayer tarde la presidenta del Parlament.

Ciudadanos y el PSC acudirán a la junta de portavoces pero no considerarán válidas sus decisiones porque creen que conculca el reglamento y los derechos de los diputados de PP. Catalunya Sí que es Pot —conformado por Iniciativa, Esquerra Unida y Podem— acusa, además, a la Mesa de estar “violentando” el reglamento. Los tres grupos quieren que la junta de portavoces se aplace. Los partidos de Inés Arrimadas y de Miquel Iceta aspiran en realidad a que el pleno no se celebre. La posición de Catalunya sí que es Pot es distinta: ha tramitado su propia propuesta de resolución por la vía de urgencia —con el apoyo de Junts pel Sí— para debatir en igualdad de condiciones su propuesta de reivindicar el referéndum con la declaración del inicio de independencia.

La Mesa se reúne todos los martes y por primera vez convocará a la junta de portavoces. Su presencia es trascendente porque debe ser oída antes de decidir su respuesta a las dos peticiones que le formularon Ciudadanos y el PSC: reconsiderar su decisión de admitir a trámite la propuesta secesionista porque rebasa el orden jurídico, contempla desobedecer al Tribunal Constitucional y considera al Parlament como la máxima institución jurídica-política de Cataluña. Si la situación no da un giro copernicano, la Mesa rechazará las dos propuestas y abrirá el periodo de 48 horas para que se presenten las enmiendas. El pleno se convocaría previsiblemente el viernes.