Un decálogo para proteger a los que luchan contra la corrupción
La plataforma pide un cambio de la legislación para evitar la presión sobre los denunciantes
"No se puede permitir que la ley de transparencia no proteja a los ciudadanos que denuncian casos de corrupción". Con estas palabras el exdiputado de la CUP David Fernàndez se quejaba este sábado en el Free Culture Forum del desamparo que sufren los ciudadanos que se atreven a dar un paso adelante y sacar a la luz los diferentes casos de corrupción que afectan a las instituciones y los partidos políticos.
La presentación de la séptima edición de las jornadas del Foro Internacional de la Cultura Libre –Free Culture Forum– han tenido un eje central muy claro: la protección de los denunciantes anónimos de casos de corrupción. Por eso han presentado un decálogo en el que se recogen las bases "imprescindibles" que se deberían establecer en la legislación para dar cobertura a los 'alertadores' de la corrupción.
El Free Culture Forum
El Free Culture Forum, Foro internacional para la cultura libre es un punto de encuentro en el que varias plataformas ciudadanas se reúnen para intentar construir y coordinar un marco de acción y una agenda común en temas relacionados con los mecanismos de participación y del control ciudadano del poder y de las instituciones.
Para ello trabajan en la lucha legal, ténica y comunicativa contra la corrupción poniendo a disposición de los ciudadanos buzones virtuales en los que se pueden entregar sus denuncias. Una vez reciben las acusaciones de los ciudadanos las diferentes plataformas estudian los casos y buscan la mejor manera de sacarlos a la luz para que se investiguen.
Estas jornadas de encuentro sirven para dar a conocer el trabajo que hacen las diferentes asociaciones y concienciar a la gente de la importancia de denunciar las prácticas tras las que creen se pueden ocultar tramas de corrupción. Un trabajo que Fernando Urruticoechea ha definido este sábado con una sencilla frase: "Cuanto más te controlo mejor te comportas".
El texto ha sido redactado por la plataforma ciudadana Xnet, especializada en recibir y gestionar denuncias de ciudadanos anónimos sobre casos de corrupción, y Ana Garrido –una de las primeras en denunciar el caso Gürtel –, pero ha sido avalado por todas las asociaciones que participan en este encuentro como Audita Sanidad, Kontuz y Acción Cívica. Las líneas maestras de este decálogo se basan en la garantía de la libertad de expresión y la protección de la identidad de los denunciantes, para que su acusación no le cause problemas ni en su carrera profesional ni en su vida personal.
En la jornada de presentación de este sábado han participado varias asociaciones ciudadanas como Xnet, Audita Sanidad, Kontuz y Acción Cívica. Al coloquio de presentación también han acudido denunciantes particulares como Ana Garrido, Encarnación Cortés –que destapó otro caso de corrupción en Benalmádena–, Fernando Urruticoechea, interventor del Ayuntamiento de Orihuela, y David Fernàndez, expresidente de la Comisión Parlamentaria sobre el Caso Pujol como diputado de la CUP-Parlament.
Todos ellos han dado una visión muy crítica del actual sistema. "La impunidad es la dolorosa y perversa realidad" ha apuntado David Fernàndez durante su intervención, que ha aprovechado para aportar algunos datos del Atlas de la Corrupción que están preparando. "En el Estado Español actualmente hay abiertos 1.700 procesos judiciales por corrupción, en los cuales están imputadas 1.900 personas", ha apuntado. Mucho más crítico ha sido Fernando Urruticoechea. "Si aplicamos el artículo 22.2 de la Constitución [Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales] debería ilegalizarse al PP, a CiU y al Grupo Agbar", aseguró mientras la sala, llena a rebosar, estallaba en aplausos.
Otro de los puntos que han destacado los participantes en el coloquio es la importancia de la acusación popular en los casos de corrupción para que colabore con la Fiscalía Anticorrupción y lograr que los procesos judiciales prosperen. "Ningún poder pone límite y se lo tenemos que poner nosotros", ha dicho David Fernàndez, que ha añadido: "Esto es cómo ir a la guerra, solo que nosotros vamos al frente con un palillo". Todas estas asociaciones apuntan hacia un mismo diagnóstico del problema: la extrema politización de los órganos encargados de controlar esta clase de actividades. "Los órganos de control interno –interventores– y externo, como el Tribunal de Cuentas, no funcionan porque no se quiere que funcionen", ha asegurado Urruticoechea en su intervención.
Sobre la corrupción en Cataluña
En la rueda de prensa posterior a la presentación del Fórum David Fernàndez ha asumido que él es "pesimista antropológico" en estos temas, pero aclara que a pesar de eso "si no luchamos no conseguiremos nada".
Cuando se le ha preguntado sobre los casos de corrupción que afectan a Convergència Democràtica de Cataluña y si esto afectará a la negociación sobre la investidura de Artur Mas como presidente Fernàndez ha asegurado "que esto afecte, y afecte hasta donde tiene que afectar para poder empezar de manera limpia". Pero Fernàndez no ha querido dar datos sobre la postura de CUP que este sábado reúne a su Consell Nacional para debatir este tema.
Aunque el exdiputado también quiso alertar sobre el enfoque que se le está dando a las investigaciones sobre la financiación de CDC y cómo se intenta vincular estos casos con el proceso independentista. "El estado dice que el proceso está corrupto, pero nadie entra en las sedes de Esquerra Republicana o la CUP", y ha querido matizar que una cosa son los militantes de base y el "pueblo" que sí que quiere la independencia, y que "otra cosa" es lo que "han hecho las cúpulas de los partidos".
Sobre lo que sí que se pronunció el exdiputado de la CUP fue sobre los últimos registros realizados en el marco de la 'operación Pujol'. Para Fernàndez está claro que "unos buscan el espectáculo y otros la victimización". Y también aseguró que muy a su pesar sabe que a Jordi Pujol al final "no le va a pasar nada porque todos los delitos probablemente están prescritos".
Nace el Grupo Ciudadano contra la Corrupción
La nueva plataforma ha acusado al Gobierno de implementar medidas "encaminadas a garantizar la impunidad", como por ejemplo la ley de enjuiciamiento criminal, que "facilita la impunidad marcando unos plazos imposibles de cumplir, sobre todo en grandes casos de corrupción que requieren comisiones rogatorias o investigaciones complejas".
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