El ‘caso De Miguel’ va a juicio

El "caso de Miguel" va a llevar al banquillo de los acusados a 26 imputados, muchos de ellos ligados al PNv de Álava. La Audiencia Provincial de Alava ha rechazado todos los recursos de apelación interpuestos por la práctica totalidad de los 26 imputados en una presunta trama de cobro de comisiones ilegales, que deberán sentarse en el banquillo de los acusados. Entre los acusados además de De Miguel están Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, exmiembros del PNV en Alava; así como dos responsables del Gobierno de Juan José Ibarretxe (Gurutz Larrañaga y Xabier Sánchez Robles), dos exdirigentes de la red de parques tecnológicos vascos (Julián Sánchez Alegría y Alfonso Arriola) y un exconcejal del PNV de Leioa (Iñaki San Juan). Contra ese auto, un total de 15 acusados presentaron recursos de reforma ante el propio juzgado instructor, que los desestimó el pasado abril. Otros, como el principal acusado, Alfredo de Miguel, decidieron recurrir directamente en apelación a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que ahora los ha desestimado íntegramente.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alava ha desestimado todos ellos en un auto de 38 páginas que ha sido notificado hoy a las partes. Las mismas fuentes han explicado que esta decisión "hace irremisible que haya juicio oral" y que ahora se abre el plazo para que las acusaciones presenten sus escritos, para que después se dicte la apertura de juicio. El pasado 10 de marzo el juez Roberto Ramos finalizó la instrucción de este caso con la imputación de 26 personas, entre ellas nueve exdirigentes del PNV, además de varios familiares y otros afines a esta formación. En un auto de 180 folios ponía el punto final a una instrucción que duró casi cinco años y que concluía que existían indicios suficientes para acusar al que fuera número dos del PNV en Alava y diputado foral de Administración Local Alfredo de Miguel, principal acusado en este caso.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria estimó que los hechos investigados eran presuntamente constitutivos de once delitos, de los que acusaba a los 26 imputados. Los delitos que el juez consideraba que podrían haberse cometido eran los de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas o en la contratación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, falsedad en documento público o mercantil, contra la Hacienda Pública y alteración de precios en concursos y subastas públicas.