La Sindicatura detecta mala gestión en el Palau de la Música hasta 2013

El descubrimiento del saqueo del Palau de la Música tras la entrada de los Mossos d'Esquadra en 2009 no sirvió para que la Generalitat, el Ayuntamiento y el Ministerio de Cultura adoptasen las medidas necesarias para mejorar su gestión económica y su actividad. La Sindicatura de Cuentas de Cataluña hizo público ayer un informe de fiscalización sobre el Consorcio de la entidad entre 2010 y 2013 en el que se describen anomalías de todo tipo y se recomienda a las administraciones que reaccionen “de manera inmediata” para abordar la situación

El Consorcio del Palau de la Música es el encargado de gestionar el templo operístico y en él están representadas las tres administraciones. El informe constata que en 2010 y 2011 “no se introdujeron cambios relevantes en la gestión y funcionamiento” respecto a los que existían antes.

En 2012 y 2013 y “sin ajustarse a la legislación vigente”, dice el informe, el Consorcio fue vaciado de contenido y sus funciones fueron traspasadas a la Fundación Orfeó Català, propietaria del Palau. La Sindicatura relata que los documentos aprobados por el comité ejecutivo o el patronato no se adjuntan a las actas para que quedase constancia y que el Consorcio no aplicaba un plan general de contabilidad pública.

En el área de recursos humanos se describe una “confusión”, con personas contratadas por más de una entidad, retribuciones no aprobadas, y “falta de control del gasto”. El alquiler de las salas del Palau a la Fundación se hacía también sin contrato y se aplicaban precios que no habían sido aprobados. A partir de septiembre de 2010 se dejó de facturar ese alquiler.

El registro contable de las operaciones entre el Palau y la Fundación también se hacía indistintamente en cuentas de deuda y crédito, “hecho que supone una dificultad en su seguimiento y en la determinación de la composición de los saldos”. Del mismo modo se describe una “falta casi absoluta de contratos formalizados con los proveedores de bienes y servicios”, con los que existía una relación de “acuerdos verbales” en la mayoría de los casos.

La Sindicatura recomienda que las administraciones tomen las medidas necesarias para que el dinero que reciba la Fundación tenga todos los controles, así como que el Palau revoque una aportación de 1,17 millones de euros que hizo a la Fundación en 2012. También se reclama que se anoten como deuda al Palau los 1,72 millones de euros que entregó al Orfeó Català y la Fundación.

El Palau emitió ayer un comunicado en el que justifica su actuación entre 2010 y 2011 porque fue una época de confusión absoluta en la que se pretendía “limpiar la institución en un contexto de caos jurídico, organizativo y financiero”. A partir de 2012, dice el texto, “se eliminaron la mayoría de las irregularidades existentes que señala la Sindicatura” y se considera que “a día de hoy ya se han corregido las deficiencias detectadas”.