PSC y CiU retiran su plan de dietas de 20.000 euros en el Consejo Comarcal

El punto nueve de la orden del día del pleno del Consejo Comarcal se retiró este miércoles en el último momento. La votación de las dietas tendrá que esperar, al menos hasta diciembre, cuando se celebre un nuevo pleno. La propuesta de la junta de portavoces planteaba que por participar en las reuniones ordinarias los asistentes ingresaran unas dietas que, en el caso del presidente, llegaban a suponer cerca de 20.000 euros anuales.

Algunos partidos criticaron la propuesta y, ante el temor de perder la votación, el presidente de la institución, Francesc Josep Belver, decidió retirar el polémico punto de la orden del día. Las dietas de los distintos consejeros dependen de los cargos que tengan dentro del Consejo Comarcal. De esta manera, por asistir a una Junta de Gobierno, el presidente debía ingresar, según la propuesta retirada, un total de 1.500 euros y el resto de miembros de la Junta 907 euros. Se celebran 11 reuniones de este tipo al año. Además, también se habían previsto dietas por participar en las distintas comisiones. En este caso, los pagos propuestos oscilaban entre los 392 y los 113 euros. También hay que sumar las dietas de los plenos (de hasta 1.113 euros) y de la Junta de Portavoces (293 euros).

El portavoz de ERC en el Consejo Comarcal, Jordi Coronas, fue el único que intervino en la discusión de este punto. Coronas denunció que la propuesta era “una vergüenza”, sobretodo porque los 39 integrantes del Consejo Comarcal son concejales de distintos ayuntamientos y ya cobran por ello. Según el portavoz de ERC, “en ningún caso las dietas tienen que superar el salario mínimo interprofesional”, que actualmente está fijado en 648,60 euros al mes. Tampoco considera correcto que se ingresen pagos a los que tienen “dedicación plena” al ser concejales de los distintos ayuntamientos, entendiendo que ya les entra en el sueldo. La votación no llegó a realizarse, pero otros partidos como la CUP, Ciutadans o la Coalición Entesa no estaban dispuestos a apoyar estos sobresueldos.

La propuesta llega en medio del debate abierto por algunos partidos sobre la utilidad de esta institución. El Consejo Comarcal está representado por concejales de los ayuntamientos de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs. Tiene competencias sobre el mantenimiento de las rondas o el centro comarcal de Atención de Animales de Compañía, entre otras, y algunas formaciones consideran que es prescindible y que todas estas tareas se podrían realizar desde las instituciones ya existentes.

Otra tarea del Consejo Comarcal es gestionar REGESA, empresa pública que se encarga de promociones de viviendas públicas, gestión de equipamientos y rehabilitación. Este miércoles se celebró la primera reunión de REGESA, durante la cual se aprobó la toma de posesión de los nuevos cargos, en función de los resultados de las pasadas elecciones municipales. Los nuevos integrantes se estrenaron con otro punto caliente en la orden del día: se les notificó que una parte de la gestión anterior se había puesto en manos de la Fiscalía, después de detectar, gracias a un artículo publicado en Economía Digital, que a través de esta empresa se organizaban pagos presuntamente irregulares de constructoras a la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (FECAC), la entidad que organiza la Feria de Abril en Barcelona. REGESA encargó un informe a principios de octubre y determinó que la información publicada era “verosímil” y recomendaba “poner la información a disposición de las instancias judiciales”.

Según los correos intervenidos, las distintas hermandades que formaban parte de la Feria de Abril, mandaban correos al responsable de REGESA durante los años 2007 y 2009, Ferran Julián (PSC), pidiéndole el nombre de las empresas constructoras a las que tenían que mandarles facturas que rondaban sobre los 6.500 euros. En total, estas empresas pagaron a la FECAC, al menos, 54.810 euros, según el informe interno. Se desconoce el motivo por el que REGESA organizaba pagos de constructoras a la FECAC pero varias de ellas eran adjudicatarias de obras que dependían de dicha empresa pública.