Laicismo como el de Francia

Se acercan las elecciones de diciembre y los programas florecen con exuberancia primaveral. El PSOE ha presentado esta misma semana su proyecto político que, de cumplirse, va a hacer palidecer la sentencia de Alfonso Guerra tras la victoria socialista de 1982: “Vamos a poner a España que no la va a reconocer ni la madre que la parió”. Pues sí, el socialismo de Pedro Sánchez se ha propuesto como objetivo que la católica España se asemeje a la Francia republicana en lo que a religión se refiere.

El PSOE proyecta denunciar los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, que se negociaban desde 1976 pero que se firmaron el 3 de enero de 1979, solo cinco días después de que el BOE publicara la Constitución. La iniciativa es loable, porque ese Concordato de carácter preconstitucional no ha hecho más que consagrar privilegios para una confesión que —excepto en el periodo republicano— ha vivido en perfecta simbiosis histórica con el poder político-económico. Esa complicidad parasitaria ha sido denunciada en la reciente historia de España con mayor fuerza desde la propia Iglesia --por parte de los mismos creyentes-- que desde las fuerzas que ahora hacen profesión de fe laicista. Salvo tan honradas como extraordinarias excepciones, los socialistas han mantenido desde la transición una actitud de acatamiento sumiso a la interpretación que la jerarquía eclesiástica católica ha hecho de esos tratados. El PSOE ha considerado a lo largo de los 14 años de Felipe González y los siete de José Luis Rodríguez Zapatero que revisar ese sucedáneo de Concordato era meterse a agitar las entrañas de un planeta hostil del que solo podían esperar anatemas y condenas.

Por eso el socialismo gobernante no hizo siquiera pequeños gestos que supusieran cercenar privilegios. Y eso incluye al mismísimo Alfonso Guerra. El vicepresidente, que como diputado se ha jactado de haber pasado el cepillo de la pureza al Estatuto catalán, fue incapaz desde su puesto de segundo en el Gobierno de racionalizar laboralmente el puente que establecen en extraña pareja —entre el 6 y el 8 de diciembre— la Constitución española y la Inmaculada Concepción.

Ahora los socialistas aseguran que están por la labor y dispuestos a revisar viejas derivas. Sin embargo, su expediente laicista en lo que va de 2015 sigue siendo bastante descorazonador. A principios de año, sus diputados desdeñaron firmar un recurso de inconstitucionalidad contra el despropósito de las inmatriculaciones, que es la fórmula mediante la cual los prelados de las diócesis españolas han inscrito, sin ser propietarios, miles de bienes a su nombre. Semejante expolio ha sido posible gracias a una joint venture entre la ley hipotecaria de 1946 y la generosidad del Gobierno de Aznar, que en 1998 permitió a los obispos poner templos a su nombre. La desmedida voracidad clerical ha llegado a tales cotas que han intentado apropiarse de iglesias enclavadas en fincas de propiedad privada. A finales de 2014 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló contra el obispo de Palencia por haber inscrito a su nombre un templo adquirido por una empresa en 1978. Lo alarmante del caso es que esa demanda había sido previamente desestimada por el Tribunal Supremo y el Constitucional.

Con estos precedentes, no hubiera estado de más que el PSOE sumase a sus diputados a los de Izquierda Plural y Grupo Mixto para llegar al medio centenar de firmas de parlamentarios que se requiere para la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Se trata de un acto de justicia contra esa legalidad que ha permitido la inmatriculación de la Mezquita de Córdoba.

Urge catequesis laicista para no caer en papanatismos, como ver en el Ayuntamiento de Vic al PSC votando con Convergència y Plataforma per Catalunya una moción para evitar que el antiguo seminario pague el Impuesto de Bienes Inmuebles. Eso sucedió a principios de octubre, seguramente cuando el nuevo programa socialista estaba horneándose. La CUP propuso, con el respaldo de Esquerra e Iniciativa, que un edificio construido por presos políticos en 1949, dedicado a en su día a seminario y ahora convertido en un espacio polivalente —hotel, dos gimnasios, restaurante e hípica— pagara el IBI, como el resto de mortales. Pero el miedo a la púrpura y al solideo lo impidió. Y ello a pesar de que el nuevo propietario del complejo estaba dispuesto a pagar.