El PSOE quiere que los pueblos gestionen solos sus inversiones

El PSOE-M pretende que la Asamblea apruebe un nuevo programa de subvenciones a los municipios, conocido como plan PRISMA, para 2016. En una proposición no de ley plantea que las localidades decidan si presupuestan nuevas obras o se quitan deuda. Que recuperen así el protagonismo que les quitó la sociedad pública Arpegio, que gestiona totalmente sus proyectos desde 2008 y está siendo investigada dentro de la trama Púnica.

El PSOE-M está convencido de que el plan actual no se ajusta a las necesidades municipales. Termina el 31 de diciembre, tras siete años de funcionamiento, y calcula que 240 millones de euros de los 700 presupuestados no se han gastado. Su intención es que la partida de los proyectos no terminados de ejecutar en 2015 se consigne en el presupuesto de 2016 para que puedan ser finalizados. Y que si no se han iniciado las obras, los Ayuntamientos puedan decidir si siguen adelante con los planes o prefieren dedicar dinero al pago de la deuda.

El nuevo PRISMA, de acuerdo con la Federación Madrileña de Municipios, estaría vigente hasta 2020, con un presupuesto no inferior a 700 millones. Esta organización desea que se recupere también el plan de obras y servicios cofinanciado por los municipios de menos de 20.000 habitantes y el Estado.

Los socialistas lamentan que los Ayuntamientos dejasen de contratar directamente y de marcar los ritmos de ejecución de las obras. Con Francisco Granados —supuesto cabecilla de la trama Púnica— se encomendó a la sociedad pública Arpegio el desarrollo de PRISMA, quitando el protagonismo a los Consistorios. “Si el Ayuntamiento era del PP, facilitaba la rápida ejecución del PRISMA, pero las inversiones nunca llegaban si era de otro color político, en especial del PSOE, para debilitarlo”, sostiene la formación en un informe. Y cita como ejemplo los planes de los municipios socialistas de Miraflores de la Sierra o El Boalo. Sara Hernández, su secretaria general, cree que el nuevo consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, sigue “primando a sus Ayuntamientos y perjudicando a los otros”.

La Audiencia Nacional cree que Arpegio realizó gastos “muy disparatados e innecesarios”. Así, tan solo con cargo al plan 2006/2007, pagó 3,3 millones por relaciones públicas, publicidad y primeras piedras. Con el estallido del caso Gürtel, las contrataciones pasaron a hacerse por el sistema de subasta.