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La Generalitat prevé 30.000 peticiones para afrontar la pobreza energética

La bolsa se nutrirá "preferentemente " de aportaciones de las empresas suministradoras

Protesta contra la pobreza energética.
Protesta contra la pobreza energética.

El fondo contra la pobreza energética, la herramienta de la Generalitat para atender a las personas que no pueden hacer frente a sus facturas de agua, gas y electricidad, ya tiene un borrador de reglamento. En él se establece que las empresas suministradoras pacten cada año con el Departamento de Empresa la cantidad en dinero o especie (kilovatios o metros cúbicos) que destinarán. La memoria del proyecto también prevé recibir 30.000 peticiones de ayuda cada año. Esta bolsa de recursos se nutrirá “preferentemente” de las aportaciones de las empresas. Esto quiere decir, según el secretario de Empresa y Competitividad, Pere Torres, que las suministradoras tendrán que poner “al menos” la misma cantidad que se establezca en los Presupuestos.

En las cuentas de este año se destinaron cinco millones a este concepto, pero aún no hay cifras definitivas sobre cuánto se ha ejecutado. El decreto plantea que Empresa firme un convenio con las suministradoras en el cual se determinará “el importe mínimo a aportar cada año, en función de la deuda que cada una pueda acreditar”, que corresponda a los hogares con cortes por vulnerabilidad. Torres, sin embargo, explica que se tendrá en cuenta “la correlación entre el número de impagos y el volumen de negocio de la empresa”, entre otras condiciones, para fijar la cantidad.

El alto cargo también acepta que algunos programas de ayuda a la pobreza energética que realizan empresas suministradoras “podrían computar” como aportaciones al fondo, lo cual implicaría que en algún caso no se tuviera que hacer aportaciones extra. Esto depende de la naturaleza del plan y si efectivamente condonan parte del recibo, no solo si se aplaza o lo asume un tercero como un Consistorio.

“Tal como está planteado parece que lo que se busca es responder a las necesidades de las empresas de cobrar las facturas que tienen impagadas”, acusa Maria Campuzano, de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), que cree que las suministradoras deberían asumir todo el coste debido a su gran margen de beneficios.

Las entidades sociales también critican la “opacidad" con la que Empresa realizó el proceso de consultas sobre el borrador. “Nos enteramos de la exposición pública por casualidad”, dice Campuzano. APE presentó alegaciones, una suerte con la que no corrieron la Mesa del Tercer Sector (con representación en la mesa contra la pobreza energética impulsada por la Generalitat) o Fuel Poverty Group, por ejemplo.

Todas las suministradoras utilizan la misma fórmula cuando se les pregunta por su opinión sobre el reglamento: se cumplirá con lo que la ley establezca. Sin embargo, Endesa recuerda que ya colaboran con la financiación del bono social. O Gas Natural invoca a los diferentes acuerdos y convenios que tienen con Ayuntamientos o el Área Metropolitana. Agbar, por ejemplo, ha destinado desde 2012, 2,7 millones de euros a pagar casi la mitad de los recibos de unas 11.300 familias.

El reglamento establece que la Generalitat se encargará de administrar las ayudas que entregue usando su Presupuesto y las donaciones. Torres explica que aún se ha de ultimar cómo sería el mecanismo de estas últimas, pero que podría funcionar como “el Banco de alimentos”. En paralelo, las Administraciones y las suministradoras se encargarían de las suyas. Ambos sistemas tendrían que rendir cuentas a una Comisión conformada por diferentes actores, suministradoras incluidas, y se tendrá que presentar un informe anual. Campuzano critica que en este órgano no haya presencia de las entidades sociales. Torres asegura que este punto está abierto.

Número incierto

 APE también se muestra contraria a que solo haya dos periodos para presentar las solicitudes y pide extender la convocatoria. El borrador establece que en abril las familias tendrían que pedir las ayudas por recibos impagados entre el 1 de octubre y el 31 de marzo. En octubre, se haría lo propio con los del resto del año. “Habrá garantía suficientes de que las ayudas se están dando a las personas que realmente lo necesiten y se trabajará muy de cerca con los Servicios Sociales de los ayuntamientos”, defiende el secretario.

Aún sigue siendo incierto el número de pobres energéticos que hay en Cataluña. Torres explicó que espera cerrar en las próximas semanas el balance del programa de este año y eso podría esbozar la cantidad que se pedirá a las empresas. Está por ver si en ese cómputo también entrará lo que destinan los Ayuntamientos —este año Barcelona ha invertido más de 610.000 euros— y entidades como Cáritas o Cruz Roja.

El decreto se basa en lo que determina el Código de Consumo, suspendido por el Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno central. Torres, sin embargo, dice que la tramitación del decreto seguirá adelante pues puede modificarse para invocar la ley contra los desahucios, que surgió de una Iniciativa de Legislación Popular. Los términos legales, asegura, permitirían que este mecanismo no deje sin cobertura a los pobres energéticos este invierno.