La Asamblea deroga hoy la ley de Viviendas Rurales Sostenibles

La Asamblea de Madrid aprobará hoy, a propuesta de PSOE, Podemos y Ciudadanos, la derogación de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, más conocida como Ley Virus, en vigor desde julio de 2012. Será la primera proposición de ley de la oposición que sale adelante en el Parlamento regional tras 20 años de mayorías absolutas del PP. El Ejecutivo de Cristina Cifuentes también es partidario de suprimir la normativa, en un nuevo desmarque de los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Aguirre, presidenta regional entre 2003 y 2012, incluyó entre sus promesas electorales de las elecciones de 2011 “desarrollar una nueva ley de urbanizaciones sostenibles en el ámbito rural”. El Gobierno de Aguirre justificó la ley por “la importante demanda” de dueños de terrenos que querían construir una residencia en sus propiedades.

Sin embargo, en los tres años de vigencia de la ley se han autorizado únicamente ocho licencias y otras 14 estaban en tramitación, apunta Jaime González Taboada, actual consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. La mayoría de interesados se concentran en Pozuelo de Alarcón. En este sentido, la Asociación de Amigos del Monte de Pozuelo ha presentado más de 40.000 firmas para derogar la normativa. Los servicios jurídicos de la Comunidad también cuestionaron la ley por “la ausencia de elementos suficientes para apreciar y valorar los motivos de oportunidad y necesidad del anteproyecto, circunstancia relevante dado que nos hallamos ante una normativa especial”. Y recalcaron que tampoco se concretaban las materias primas que se podrían utilizar en las futuras residencias campestres.

El colegio de Ingenieros de Montes advirtió, por su parte, de que la potencial dispersión de viviendas por el campo haría “aumentar exponencialmente el riesgo de incendios forestales”, además de “dificultar y limitar extraordinariamente los trabajos de extinción”.

La Ley de Viviendas Rurales Sostenibles permite edificar a los propietarios de las 13.102 parcelas rústicas de más de seis hectáreas que no están protegidas ambientalmente y que se reparten por la región. Las casas no pueden ocupar más del 1,5% de la superficie del terreno ni superar los 3,5 metros de altura. Además, deberían estar a una distancia de al menos 250 metros de la construcción más cercana. Los propietarios del suelo correrían con todos los gastos derivados del suministro de agua, energía eléctrica, gas, telefonía, recogida de basuras, transportes y accesos.

La Comunidad se planteó, en una primera versión de la ley adelantada en su momento por EL PAÍS, dejar construir en suelo rural protegido. Las opciones originales fueron edificar en una superficie mínima de cinco hectáreas en suelo rural sin protección, o en 10 hectáreas en suelo rural protegido. La superficie máxima de ocupación de parcela por edificación y demás instalaciones correspondería al 1% del terreno.