La oposición recela de las ordenanzas fiscales propuestas por Ada Colau

La oposición del Ayuntamiento de Barcelona apurará hasta el último momento para pronunciarse sobre si apoya o rechaza las ordenanzas fiscales que propone el Gobierno de Ada Colau y sobre si se destinan 96 millones de superávit previsto a políticas sociales y urbanas. Los grupos municipales expresaron ayer muchas reservas a ambos proyectos. Solo hubo un voto favorable, el de ERC al gasto del superávit tras pactar un listado de 22 inversiones en equipamientos de barrio y la apertura de una estación de la línea 9 en 2016.

El resto de grupos están negociando con el Ejecutivo en qué se gastan los 96 millones y en general, los partidos reprochan al Gobierno que el paquete de medidas incluya aspectos que no ven de carácter social: como pagar una indemnización judicial pendiente, IVA o comprar locales. En la votación de la ampliación del gasto, CiU, PSC, PP y la CUP se reservaron su voto para el próximo pleno, el viernes 30 de este mes. Ciutadans votó negativamente.

Sobre la controvertida indemnización por una finca de la calle de Dalmases, en Sarrià, el gerente de Economía, Jordi Ayala, recordó que es una cuestión heredada y defendió que además de pagar la indemnización de 11 millones "se ha comprado la finca para hacer vivienda social".

En el caso de las ordenanzas, a las que se dará trámite en el último pleno del año, el 23 de diciembre, todos los grupos hicieron reserva de voto salvo el PP, que votó no. El espiritu de las ordenanzas se resume en una congelación de los impuestos, incluido el IBI. La izquierda los ve poco ambiciosos, pidió valentía a un Gobierno que prometía cambios e hizo reserva de voto; Ciutadans y PP reclaman una rebaja, vista la buena salud de las finanzas; y CiU, cuyos 10 concejales son decisivos, también se reservó el voto.

Los grupos emplearon duras palabras para rechazar los proyecto de gasto del superavit. La presidenta del de Ciutadans, Carina Mejías, afirmó que solo el 17% del listado del gasto de los 96 millones corresponde a políticas sociales, lo que fue rechazado por el gerente Ayala. Desde CiU, Sònia Recasens, se mostró partidaria de esperar al cierre del ejercicio en marzo de 2016 para asegurarse de la disponibilidad del superávit. Javier Mulleras, del PP, mantuvo que la modificación de crédito "es otra cortina de humo" y negó que las medidas propuestas sean "sociales ni urgentes". La CUP, en su turno, recordó que optan por aplazar al máximo sus posicionamientos para consultarlo con las bases del partido.